Desarrollados por expertos en la materia con enorme prestigio, en las páginas que siguen ofrecemos los argumentos que sustentan la promoción de acción de inconstitucionalidad de la reforma del 21 de marzo emprendida por el Congreso local del estado de Querétaro y que, lo decimos sin ambages, significa un grave atentado a la transparencia de las acciones públicas y al derecho a informarnos.

A sólo unas horas de que venza el plazo para que sea promovida la ya dicha acción de inconstitucionalidad, el inevitable cierre de la edición sólo nos da el margen para dejar testimonio de nuestra profunda preocupación por esa decisión legislativa que, además, podría ser la punta del iceberg de una escalada de mayores magnitudes contra nuestro derecho a saber.

Subrayamos lo que debiera ser obvio para todos: la fusión de la Comisión Estatal de Información Gubernamental con la instancia garante de los derechos humanos implica, en los hechos, como aquí dice Miguel Carbonell, la supresión del órgano responsable de la transparencia, el único que por su carácter autónomo, especializado e imparcial y por sus decisiones vinculatorias, da cauce a las peticiones ciudadanas de información. Junto con Lorenzo Córdoba Vianello, sostenemos que afirmar que el derecho a la información es un derecho humano es absolutamente baladí, cuando de lo que se trata es de impulsar derechos que requieren tratamiento y protección especiales, como el que implica la transparencia pública gubernamental. En ese terreno, por cierto, y en abierto contraste con lo que sucede en Querétaro, son alentadoras las recientes decisiones tomadas en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de las que también damos cuenta en esta edición.

Hay sólo tres instancias que podrían promover el recurso de inconstitucionalidad. El Congreso estatal no lo hará, por supuesto, en tanto arquitecto de ese amoldamiento legal a la opacidad, y tampoco la CNDH que, inusitadamente, ha respaldado la reforma. Ahora las expectativas están cifradas en que al respecto actúe la Procuraduría General de la República lo que, a estas alturas, se daba por cierto. Estamos seguros de que si no lo hace, como escribe uno de los especialistas en esta edición, Pedro Salazar Ugarte, será cómplice de un acto anticonstitucional y nos dejará en un estado de indefensión.

MLT