Aleida Calleja
 |
Ilustración: Ryozin |
Del 19 al 26 de abril, se impulsó una Misión Internacional de Documentación sobre Ataques contra Periodistas y Medios de Comunicación, integrada por representantes de organizaciones internacionales que promueven y defienden los derechos a la libertad de expresión y prensa: International Media Support, International Press Institute, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Rory Peck Trust, Reporteros sin Fronteras, Article 19, Federación Internacional de Periodistas, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, International News Safety Institute, Comité para la Protección de los Periodistas, Sociedad Interamericana de Prensa, Open Society Institute, y Fundación para la Libertad de Prensa.
Durante la misión, representantes de esos organismos se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, víctimas y sus familiares, y con autoridades federales y estatales. En todos los casos priva la impunidad ante las agresiones, desapariciones y asesinatos contra comunicadores. Una de las consecuencias de esto es que las agresiones continúen, por lo que México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América.
Sin embargo, ante este contexto no se ven visos en las autoridades federales y estatales para hacer algo. Al contrario, hay una cerrazón alarmante, tal como lo muestra un incidente, que ya es público, con la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, en estos momentos dirigida por Juan de Dios Castro Lozano quien, confrontador, recibió a los integrantes de la misión el 21 de abril pasado y lanzó la desafortunada acusación en mi contra como “enemiga del Estado”, al tratar el caso del asesinato de dos periodistas de la radio comunitaria en Oaxaca, La voz que rompe el silencio. Esto a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo.
Independientemente del maltrato de ese funcionario, lo más preocupante es lo que significa el hecho en sí mismo, pues de él depende el área del gobierno mexicano que debiera investigar y sancionar a los agresores de periodistas. Si la actitud es tal, resulta comprensible por qué la mayoría de los casos se encuentran en la impunidad.
De igual manera preocupa que esta alta instancia del gobierno mexicano tenga tanto desdén por una misión internacional, conformada por las organizaciones más importantes en el mundo en la defensa de la libertad de expresión; es una señal ominosa que reafirma la denuncia de diversas organizaciones sociales, en el sentido de que los derechos humanos y su garantía no le importan al actual gobierno. Esta preocupación también va en aumento entre organismos internacionales de derechos humanos en nuestro país, quienes coinciden en que antes por lo menos las instancias de gobierno cuidaban las formas. El incidente es una muestra que indica para muchos la cerrazón como política del actual gobierno, y eso en un país con una gobernabilidad democrática frágil y una democracia incipiente es sumamente peligroso; retornar a la cacería de brujas de “enemigos del Estado” es alarmante.
La misión internacional envió una misiva al presidente Calderón, externando lo sucedido como grave cuando la acusación fue hecha por un funcionario de alto nivel y que es el encargado de los derechos humanos, atención a víctimas del delito, por lo que pidieron una explicación y una disculpa de parte del gobierno federal. Hasta el momento en que escribo, no hay tal. Ello es también una señal desalentadora e inquietante, que ratificaría la acusación o bien la validación del gobierno mexicano de que sus altos funcionarios pueden imputar descalificaciones mayores sin que nada suceda.
Muchas han sido las muestras de solidaridad por lo acontecido, algunas personas que cuentan con espacios en los medios lo han hecho de manera generosa, lo cual agradecemos mucho. Todos esperamos una explicación, es deseable que llegue.
Enero 2009
