En California, un juez ha bloqueado temporalmente las directrices que el presidente Donald Trump emitió el 9 de noviembre, en las que, ante el arribo de caravanas de migrantes centroamericanos, dispuso que sólo las personas que cruzan en los puertos de entrada legales en la frontera con México puedan solicitar asilo.
La medida, según Trump, podría ampliarse hasta el establecimiento de un acuerdo que le permita a la Unión Americana deportar directamente a México a los inmigrantes que cruzan de forma ilegal.
Sin embargo, por el momento el juez no resolvió el asunto de fondo: si esas reglas son legales o no. Esto se debe a que las disposiciones del presidente Trump entran en conflicto con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por su sigla en inglés), de 1965, la que establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo.
La orden de restricción temporal dictada por el juez federal Jon Tigar implica que el gobierno de Trump está impedido de aplicar las nuevas disposiciones hasta que el caso judicial proceda, lo que será hasta el 19 de diciembre. En esa fecha se realizará una audiencia para determinar si se emite una orden judicial más duradera.
El juez aclaró que las leyes migratorias estadounidenses permiten claramente la solicitud de asilo aunque no se acceda al país por los puertos oficiales de entrada.
Tigar esgrimió los siguientes argumentos: “La norma que prohíbe el asilo para los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada está irremediablemente en conflicto con el INA y la intención expresada por el Congreso.
Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”.
La decisión del juez se debe a una demanda de la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) y del Centro de Derechos Constitucionales, cuyos representantes fueron escuchados por el juez, lo mismo que los del gobiernos federal.
El Departamento de Justicia ya reaccionó a la resolución de Tigar: calificó de “absurdo” que el juez Tigar permita a organizaciones de derechos civiles la tener la capacidad de impedir por completo que el gobierno federal actúe a fin de evitar que extranjeros ilegales reciban un beneficio gubernamental que no les corresponde”.
Por lo anterior, anunció que seguirá defendiendo “la práctica legítima y lógica del Ejecutivo para abordar la crisis en nuestra frontera sur”.
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