Al menos 22 de los 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron ejecutados arbitrariamente por elementos de la Policía Federal en Tanhuato, Michoacán, de acuerdo con la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En conferencia de prensa, el organismo dio a conocer los resultados de la indagatoria sobre el enfrentamiento entre sicarios del CJNG y policías federales, ocurrido el 22 de mayo en el Ranco El Sol, en Michoacán.
Al respecto, la CNDH determinó que al menos 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras que 16 fueron asesinadas desde un helicóptero de la PF, mismo que realizó más de cuatro mil disparos hacia una bodega que estaba a un lado de la casa del rancho.
Por otra parte, la Comisión dijo que al menos cuatro personas murieron no por impacto de bala sino por uso excesivo de la fuerza: dos fueron obligados a correr para después dispararles, uno fue ejecutado en la habitación, y el cuarto fue quemado vivo.
Asimismo, detalló que al menos 16 armas fueron colocadas deliberadamente por elementos de la PF tras el enfrentamiento y al menos siete cadáveres fueron manipulados para cambiar la posición en la que quedaron después de morir.
La CNDH basó su investigación en dos testigos (que sufrieron tortura) y en fotografías difundidas en redes sociales y comparadas con las fotos que tomo la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, precisó que sí hubo un enfrentamiento entre los sicarios y los policías, pero rechazó la versión oficial que habla de una supuesta persecución que llevó a las autoridades al rancho.
También señaló que no hay elementos que confirmen que se trató de un "ataque sorpresa" sino que los gendarmes entraron de "forma sigilosa" al rancho (se presume que muchos de los civiles que murieron estaban dormidos cuando empezó el ataque de la PF), entre las 7 y las 8:00 horas, lo cual también contradice la hora oficial.
Detalló que las nueve violaciones encontradas (siete de la PF y dos de la PGJE-Michoacán) fue por uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, al disparar con un helicóptero a la casa sin tener consciencia si había menores de edad ahí, y en el caso de la Procuraduría, por cometer errores al momento de realizar los exámenes periciales.
Al ser cuestionado directamente si 40 de los fallecidos dispararon (por las pruebas periciales encontradas), González Pérez no quiso dar el número exacto y dijo que la prueba de rodizonato de sodio (que se usa para saber si alguien disparó un arma) no se utiliza en Estados Unidos desde la década de los 20 por su inexactitud.
Entre las recomendaciones emitidas a la Comisión Nacional de Seguridad está dar información sobre quiénes aprobaron el ataque y los mandos que serían responsables de la tortura y ejecución de civiles, así como la remuneración económica del daño a las víctimas indirectas (entre ellas, los testigos que fueron torturados).
Finalmente, González Pérez adelantó que interpondrán las denuncias penales correspondientes en contra de quien resulte responsable de las irregularidades encontradas por la CNDH.
mahy
