El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que aún persiste un diferencial de poco más de 9 millones de pesos en los reportes financieros de los precandidatos a la Presidencia de la República.
En la sesión de este miércoles, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, expuso que, de acuerdo con los gastos reportados hasta el 11 de febrero, los tres aspirantes consignaron un total de 26 millones 300 mil de pesos de ingresos y 35 millones 400 mil pesos; no obstante, indicó que tienen hasta el 16 de febrero para comprobar los recursos faltantes.
Detalló que el precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, reportó gastos por 14 millones 754 mil 852 pesos procedentes de recursos públicos de los partidos que lo postulan, de los cuales acreditó el 100%. El abanderado de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, reportó 7 millones 760 mil pesos, también de recursos públicos, de los cuales comprobó el 99%. En tanto, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, ha reportado gastos por 4 millones 433 mil 869 pesos, de los cuales ha acreditado el 81%.
El consejero precisó que estas cifras serán contrastadas con la información que en trabajo de campo y auditoría llevó a cabo la Unidad de Fiscalización a través de 314 visitas de verificación de eventos y recorridos, 68 visitas a casas de campaña, además de una revisión de 4 mil testigos de propaganda en vía pública e inserciones en medios impresos.
Por otra parte, en el orden del día se aprobó el dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano, correspondiente a las solicitudes de registro de candidaturas independientes a una diputación federal en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al respecto, el titular de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nacif, dio a conocer que de 240 ciudadanos que se inscribieron, un total de 40 aspirantes a diputados federales cumplieron con todos los requisitos para obtener la postulación.
Explicó que a lo largo del proceso se detectaron diversas inconsistencias e irregularidades en los expedientes digitales que se conforman con las cédulas de respaldo ciudadano, entre ellas, la entrega de fotocopias de credenciales para votar e incluso falsificación de las mismas. Ante ello, se hizo una revisión aún más acuciosa y se instrumentaron medidas adicionales como la realización de muestreos aleatorios en las firmas, a fin de verificar su autenticidad.
El Consejo General resolvió que este dictamen sea turnado a la Unidad de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, así como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a fin de que se efectúen las investigaciones correspondientes en aquellos casos donde se acreditaron violaciones a la ley electoral.
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