El oficialismo busca hacer avanzar en el Senado de la República una iniciativa para introducir cambios en un par de artículos de la Ley de Amparo para evitar que por juicios de amparo se suspendan reformas aprobadas por el Congreso y que tengan efectos generales.
En el orden del día para la sesión del próximo miércoles de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, se incluye el dictamen del proyecto para reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, sobre la suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales.
En el artículo 129 sería derogada la parte que actualmente establece que el órgano jurisdiccional, de manera excepcional, podrá conceder una suspensión de una ley “si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.
Respecto al artículo 148, se propone una adición en la que se establezca que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.
Lo anterior expresa una parte del reclamo tanto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la mayoría oficialista en el Congreso (Morena, PT y PVEM) por “blindar” sus reformas de impugnaciones de la oposición y que sean suspendidas y hasta revertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como un antecedente de fecha reciente que está vinculado con las intentonas del gobierno y del oficialismo por imponer sus reformas está el caso de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, que el pasado 31 de enero fue declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la SCJN.
En ese caso, antes, en 2023, la reforma eléctrica no había alcanzado en el Pleno de la SCJN la mayoría de ocho votos para ser declarada inconstitucional; sin embargo, llegó a la Segunda Sala por la vía del amparo y allí se declaró su inconstitucionalidad por el voto de calidad del presidente del órgano.
Esta iniciativa de reforma a la Ley de Amparo va en ese sentido: evitar que las reformas que decida la mayoría legislativa oficialista sean suspendidas, con efectos generales, por el órgano jurisdiccional.
