Durante el año que termina hubo noticias y procesos que indican con claridad que la regresión democrática continúa y que seguirá profundizándose si no hay una resistencia ciudadana cada vez más numerosa y organizada que le haga frente. Aquí presentamos una decena de hechos emblemáticos del sexenio que termina y del que empieza que nos advierten sobre ese, como dirían algunos, avance hacia atrás que significa el autoritarismo.
1. Segundo piso
La contundente victoria de Claudia Sheinbaum Pardo con un 60 por ciento de la votación y su anuncio de que durante su gobierno se erigirá el “segundo piso” de la “cuarta transformación” no son nada halagüeños para la democracia en México debido a su apoyo a las políticas e iniciativas de Andrés Manuel López Obrador.
Para nadie es un secreto que la doctora era la delfín, la “criatura” del tabasqueño, como lo señaló con mucha claridad desde 2021. En buena medida ello se debe a que ella siguió a pie juntillas las políticas y declaraciones de López Obrador, con las que comulgó una y otra vez.
Así, la doctora ha respaldado en su trayectoria las posiciones antidemocráticas de su antecesor, cuando menos desde el supuesto “fraude electoral” de 2006 hasta la reforma judicial, por lo cual y como lo ha dejado en sus primeros tres meses de gobierno, es previsible que continúe el deterioro democrático.
2. Cruentas elecciones
El amplio proceso electoral de 2023-2024 estuvo marcado por una violencia intensa que pretendió ser falseada y minimizada por el gobierno, especialmente por la anterior titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Así, según datos de Causa en Común hacia los últimos días de junio, fueron ultimados 67 actores políticos, entre ellos 36 candidatos y aspirantes a alguna candidatura.
Además, cuando menos tres candidatos que habían resultados ganadores también fueron asesinados. También debe mencionarse, por ejemplo, el crimen cometido contra Alejandro Arcos, quien fue ultimado apenas a seis días de haber tomado posesión como presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero.
A diferencia de la funcionaria federal (actualmente secretaria de Gobernación), Causa en Común sí presentó datos que permitían establecer comparaciones de asesinatos de actores políticos entre los tres más recientes procesos electorales federales: en el de 2017-2018 hubo 24; en 2020-2021, 30, y 2023-2024, 67, más que en los dos anteriores juntos. En un entorno tan sangriento la democracia se va oscureciendo, sobre todo porque deja ver la influencia del crimen organizado en elecciones y gobiernos.
3. Impunidad electoral
Como no se había observado en la etapa democrática del país si la datamos desde los años 90 del siglo pasado, el presidente de la República tuvo una franca intervención en el proceso electoral a través de innumerables pronunciamientos a favor de su partido y de los que los apoyaban, y en contra de la oposición.
La incontinencia verbal del macuspano fue especialmente generosa para apoyar a su partido prácticamente desde 2021, cuando declaró abiertamente iniciada la disputa por la sucesión presidencial. Así, en muchas ocasiones incurrió en violaciones como coacción del voto, promoción personalizada, propaganda gubernamental, uso indebido de recursos públicos y programas sociales y vulneración de principios constitucionales como la imparcialidad, la neutralidad y la equidad, según los determinaron tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, las múltiples violaciones constitucionales y legales en que incurrió López Obrador no pasaron de expresiones verbales y por escrito, por lo que quedaron en la impunidad, lo que ha sentado un pésimo precedente en términos de Estado de derecho.
4. Militarización rampante
Durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador hizo crecer el poder del Ejército, no solamente político sino también el económico al entregarle importantes obras y también inmiscuirlo en diversas tareas administrativas. Pero, con su mayoría recién conquistada, logró un anhelo que sostenía desde 2019: la elevación a rango constitucional de la militarización de la Guardia Nacional.
En septiembre ambas cámaras del Congreso de la Unión aprobaron que la Guardia Nacional quedara adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que los militares prácticamente se harán cargo de importantes tareas de seguridad pública pese a denuncias de violaciones a derechos humanos y a la advertencia de organizaciones incluso internacionales contra esa estrategia por los enormes riesgos que implica para el Estado democrático de derecho, que generalmente ha implicado el control civil de la seguridad pública.
5. Transparencia oscurecida
En el paquete de reformas tanto constitucionales como legales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador se incluyó la eliminación de siete organismos constitucionales autónomos, entre los que se encontraba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), creado hace 22 años en el primer gobierno de la alternancia y que ha sido fundamental para el control social del gobierno.
Después de que el Congreso de la Unión aprobara la desaparición de las instituciones mencionadas, el 21 de diciembre fue publicado el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación y se estableció que las funciones y atribuciones del INAI serán integradas en una dependencia gubernamental: la naciente Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que, por supuesto, no será autónoma ni independiente.
Por la afectación que con esa eliminación se hizo al derecho a la información y a la transparencia, ello ha significado una regresión para el sistema democrático de más de dos décadas en términos de concentración del poder.
6. Sobrerrepresentación
El 23 de agosto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de votos, determinó avalar la sobrerrepresentación del oficialismo en la Cámara de Diputados, con lo cual, pese a que el oficialismo obtuvo cerca de 55 por ciento de los votos, se le asignaron, gracias a diversas tretas, no sólo mayoría sino prácticamente tres cuartas partes de los curules.
Cinco días después ese acuerdo del INE fue ratificado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por cuatro votos contra uno, y con ello se dañó gravemente la representación del pluralismo en la Cámara de Diputados al aceptar las argucias de un convenio electoral establecido entre Morena y sus partidos satélite. Con ello, y contra la intención del diseño político en México, una sola fuerza política puede realizar cambios constitucionales, con lo que la mayoría de los consejeros y magistrados de los órganos electorales abrieron la puerta para otro episodio importante de la devastación democrática: la aprobación de la reforma judicial.
7. Asalto judicial
La más importante de las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero fue la reforma constitucional en materia judicial. Tras el triunfo del oficialismo en los comicios de junio y la sobrerrepresentación que en el Congreso de la Unión le fue otorgada por las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, pese a la resistencia de juzgadores y empleados, así como a las críticas de organismos internacionales, finalmente fue aprobada.
La reforma impulsada por el tabasqueño tiene, entre sus principales elementos, la elección popular de juzgadores, desde jueces hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se les echa a la calle en un muy corto tiempo y se liquidan la carrera judicial y la experiencia.
En esa reforma también se establece la integración de un Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de vigilar y sancionar a los juzgadores, entre los que se incluye hasta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que desde aquél órgano allí se podrá presionar y castigar a quienes dicten alguna resolución en contra de los intereses de los gobernantes.
Sin duda, esta reforma, disfrazada de “democratización”, es el proyecto último por capturar al tercer Poder de la Unión y desaparecer la división de poderes, para lo cual se diseñó un mecanismo para aprobar candidatos controlado mayoritariamente por Morena y aliados, que tiene bajo su control los comités respectivos de dos poderes.
Actualmente la reforma judicial está siendo revisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de cuyos integrantes comentó que se trata de un “manual de autoritarismo”.
8. Vecino terrorífico
El principal hecho internacional que afecta a la democracia mexicana lo es, sin duda, la victoria del empresario en la elección presidencial de Estados Unidos, que se cierne como una tenebrosa sombra sobre el país debido a sus constantes ataques.
Con buena parte de su campaña la hizo atizando prejuicios contra los migrantes, la deportación de estos hacia México platea escenarios de inestabilidad social y política ante las dificultades para acogerlos de manera masiva. Además, está el amago de declarar como “terroristas” a los cárteles, entre ellos destacadamente los mexicanos, lo que pondrá una gran presión sobre las autoridades mexicanas.
Otra situación vinculada con Trump y el gobierno de Estados Unidos es la imposición de aranceles de 25 por ciento a los productos mexicanos y la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, que puede tener consecuencias que vayan más allá de lo meramente económico.
9. “Elección” sin recursos
Otro recurso del morenismo para demoler las instituciones de la democracia mexicana es el recorte de recursos. Así, al Instituto Nacional Electoral le obligó a realizar los procesos de consulta sobre juicios a políticos del pasado y el de revocación de mandato con recursos insuficientes para llevarlos a cabo de manera óptima, para después quejarse, por ejemplo, de que no se instaló la misma cifra de casillas que en los procesos electorales.
Pese a que la autoridad electoral solicitó 13 mil 200 millones de pesos para la realización de la elección de juzgadores, tras la cuentas que han hecho los consejeros del instituto sólo les fueron otorgados para ello 4 mil millones, y calculan que limitando y recortando gastos podrían llegar a poco más de 6 mil millones.
Además de ello, al instituto le fue negado otro recurso importante: el tiempo. Ante la enorme cantidad de tareas que deberá emprender, incluso para dictar medidas sobre aspectos del proceso que no han sido legisladas, pidió un aplazamiento de la jornada comicial de tres meses. Por supuesto, la mayoría oficialista, a la que avaló con la distribución de curules, se lo negó.
También debe mencionarse que el Instituto Nacional Electoral ha estado organizando la elección judicial en la ilegalidad debido a que ha desobedecido suspensiones dictadas por jueces, por lo cual un juez ha dictado multas contra sus consejeros. Pero eso lo ha hecho con el extraño respaldo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no tiene autoridad en materia de amparo.
Eso ha dejado a ver a las claras el modelo comicial del oficialismo: en medio de la improvisación, con prisas, sin recursos económicos y sin legalidad.
10. Ocaso del sol azteca
Después de 35 años de trayectoria, durante la mayoría de los cuales agrupó mayoritariamente a los que se identificó como “izquierda mexicana”, el Partido de la Revolución Democrática perdió su registro como partido político ante las autoridades electorales al no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación en los comicios.
Fundado en 1989 por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fue integrado en su mayor medida por quienes venían del PRI, del PMS y de organizaciones y de movimientos sociales, el PRD fue el partido de izquierda que mayores logros obtuvo hasta 2018. Desde antes, con la salida de López Obrador para formar Morena, ya había sufrido un desgajamiento enorme del que ya no pudo recuperarse.
Pese a ello, ha formado parte importante de la pluralidad del país y ahora mismo está en búsqueda de recuperar su registro.
