domingo 21 abril 2024

Diputados oficialistas aprueban por mayoría la nueva Ley Federal de Juicio Político

por etcétera

Con 266 votos a favor de diputados oficialistas y 205 en contra por parte de la oposición, el Pleno de la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados aprobó con “urgencia” la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia que regulará el procedimiento para enjuiciar penalmente al presidente de la República, gobernadores, ministros y otros servidores públicos.

En ella señala que la persona que ocupe la presidencia de la República puede ser imputado y juzgado por delitos de toda clase, sin que le proteja la investidura presidencial. Sin embargo, ello debe ser previo juicio político y desafuero.

Asimismo, obliga a Congresos locales a plegarse a las declaratorias de procedencia de desafuero hechas por el Congreso de la Unión, con lo que casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no se podría repetir. Se recordará que el mandatario panista busca ser enjuiciado por la Fiscalía General de la República y que la Cámara de Diputados aprobó la procedencia de su desafuero, pero el Congreso de Tamaulipas se negó a acatar la medida. 

Diputados de oposición aseguraron que esta ley tiene la finalidad de sustentar la “persecución política” de los adversarios del gobierno federal y fue aprobada “por consigna” y con la motivación de la venganza y el revanchismo. En respuesta, legisladores oficialistas aseguraron que ellos no son capaces de emplear de tal manera la ley y que “el león cree que todos son de su condición”.

Se trata de una ley que reglamenta los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución. Al tiempo, se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “por obsoleta y porque genera ambigüedades, conflictos normativos y otros problemas de aplicación”.

Según la nueva propuesta de ley, que deberá ser ratificada en el Senado, un servidor público podrá ser enjuiciado cuando “ataque a las instituciones democráticas”, traicione a la patria, viole derechos humanos o viole la Constitución y las leyes emanadas de la misma, cometa actos de corrupción.

En la primera sesión del periodo ordinario, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley, luego de que la mayoría morenista votara por desechar 60 de 61 reservas. Sólo se aprobó la reserva presentada por el diputado Gerardo Fernández Noroña.

Se señala en la iniciativa que cualquier ciudadano puede denunciar a cualquier servidor público, incluido el presidente de la República.

En este sentido, Andrés Manuel López Obrador se ha ufanado de que su gobierno impulsa la lucha contra la corrupción y la impunidad y que esta iniciativa de ley es muestra de ello.

Sin embargo, a pesar de que el mandatario actual ha incurrido en abiertas faltas a muchas leyes y de acuerdo a la nueva legislación podría ser imputado y enjuiciado, que ello ocurra es altamente improbable.

Esto, debido a primero debe pasar por un proceso de desafuero, el cual queda en manos de los diputados.

Al ser la Cámara de Diputados de mayoría oficialista, cualquier denuncia presentada en contra del actual presidente con toda probabilidad será rechazada.

La nueva ley establece que el proceso de la declaración de procedencia debe contar con mayoría calificada en el caso del presidente de la República. Para dictaminar procedencia de desafuero de otros funcionarios, bastará con la mayoría simple, es decir, la mitad más uno.

*ofv

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