La decisión del Congreso de Jalisco de reconocer la identidad de género de las personas trans y el matrimonio igualitario, así como de sancionar las llamadas terapias de conversión, son un avance incuestionable en materia de derechos humanos. Sin embargo, por las limitantes en las reformas aprobadas, pareciera que la LXIII Legislatura nunca estuvo plenamente convencida de llevarlas a cabo.
El anuncio de que las y los legisladores emitirían su voto de manera secreta, fue una de las primeras señales en torno a una sesión empujada más por la presión de organizaciones defensoras de los derechos humanos, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desde 2016 declaró inconstitucional el marco normativo de la entidad.
Cuando el Congreso local únicamente reconoció la identidad de género de las personas trans mayores de 18 años, en términos reales votó por un retroceso que revirtió un decreto de 2020 del Ejecutivo local mediante el cual todas las personas trans, sin importar la edad, podían tramitar nuevas actas de nacimiento.
El conservadurismo, propio de grupos antiderechos, permeó esta decisión legislativa, y acorde con una visión adultocentrista que incluso patologiza a las infancias trans, les arrebató un derecho que ya ejercían desde hace un par de años.
Sobre las terapias de conversión, destaca que a diferencia de sus pares en las siete entidades en donde se ha legislado al respecto, el Congreso de Jalisco decidió no prohibir estas prácticas que atentan contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino sólo sancionarlas en términos de unidades económicas que lejos están de empatizar con el dolor y las humillaciones de quienes han sido expuestos a ellas.
Descafeinar una propuesta que originalmente planteaba la prohibición de estos actos de tortura y el retiro de la cédula profesional a quienes los cometieran, evidenció a una legislatura, que a diferencia de sus antecesoras, optó por ocultar su renuencia para garantizar mejores condiciones de vida para las poblaciones LGBTTTI.
En torno al matrimonio igualitario, el Congreso de Jalisco no pudo resistirse más a la ola civilizatoria que desde 2009 avala este derecho para parejas del mismo sexo. El dique legislativo construido con prejuicios, estigmas y homofobia, finalmente cedió ante un panorama nacional e internacional en el que los activismos LGBTTTI y organismos defensores de derechos humanos, con firmeza pugnan por sociedades más libres y menos desiguales.
Este singular reconocimiento de derechos develó a una mayoría legislativa que discursivamente se dijo progresista y liberal, pero que en los hechos actuó de mala gana. No tuvo otra alternativa ante un activismo LGBTTTI que nunca claudicó en sus demandas de mayor igualdad y justicia.
