lunes 04 marzo 2024

Murayama respalda señalamientos de Monreal sobre inconstitucionalidades de la reforma electoral

por etcétera

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo una severa crítica a la reforma electoral que se encuentra en el Senado, que consideró un “peligro”, y comentó que espera que sean atendidos los argumentos de Ricardo Monreal para revertir las inconstitucionalidades que contiene.

En una charla que dio por Space, organizada por la organización Unidos Somos Futuro y que fue difundida por Twitter y YouTube, Murayama hizo una muy puntual crítica de las implicaciones que la reforma tendría para el INE, como la desaparición de la estructura profesional del organismo, por lo que consideró que “es un peligro para el México democrático”.

Enfático, el funcionario electoral afirmó que el gobierno comete una enorme irresponsabilidad al abrir la puerta al enfrentamiento político por abandonar el pacto democrático. Sin embargo, señaló que espera que en el Senado de la República haya altura de miras, las que “se va a nutrir, sobre todo, de una exigencia ciudadana que cuide a su democracia”.

En ese sentido, destacó la posición del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado para que sean eliminadas ilegalidades graves de la reforma: “Espero que los argumentos que ha puesto sobre la mesa el senador Monreal en el sentido de que había muchas inconstitucionalidades se expresen de manera abierta, y se reviertan todas las inconstitucionalidades, incluida la de desaparecer al personal técnico calificado necesario, como dice la Constitución, que debe tener el INE, para organizar las elecciones”.

Si incluso así la reforma pasa, Murayama destacó que se podría recurrir a la controversia constitucional, lo que están considerando en el INE ya que el artículo 105 constitucional lo permite. Además, indicó que lo deseable es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “tome cartas en el asunto antes de que los daños sean irreversibles”.

Advirtió que con la reforma se ponen en riesgo las elecciones de 2024: “Podemos llegar al extremo de no saber quién ganó la elección, de no saber bien quién debe votar, quién tiene derecho al ejercicio al voto si no se actualiza el padrón debidamente. Segundo, que no haya casillas donde la gente pueda votar y, tercero, que los votos no se cuenten”.

Para evitar lo anterior se debe evitar que pase la “reforma arbitraria y autoritaria” en el Senado; de lo contrario, se deberá acudir no sólo a la SCJN sino también a otras instancias jurisdiccionales, como las laborales: “Los trabajadores del INE no pueden perder sin más, por un capricho autoritario, los derechos laborales, sobre todo porque es gente que fue reclutada por concursos públicos, los ganaron. Por cada cargo que se ocupa en el INE hay centenas de participantes, son cargos competidísimos. Quedan las mejores y los mejores. Después se les evalúa permanentemente, y si fallan en su labor, serán despedidos. Tienen programas de capacitación y formación. Es un servicio civil de carrera que está dando resultados, y el capricho los busca despedir. Pues no: habrá que acudir a la justicia laboral para que proteja sus derechos, y no sean lesionados ellos como trabajadores, pero que tampoco sea lesionado el derecho de la ciudadanía a votar en elecciones confiables, que es lo que está hoy en riesgo”.

Acerca del próximo nombramiento de cuatro nuevos consejeros del INE, Murayama dijo que hay que cuidar “que en el INE no se pongan personeros del gobierno, ni correas de transmisión de algún partido. Los diputados que evitaron el cambio constitucional también pueden evitar cualquier designación discrecional y arbitraria, pero eso va a requerir voz ciudadana, movilización para un contexto de exigencia”.

Sobre el presunto ahorro de recursos que es la argucia del oficialismo para justificar su reforma, Murayama citó el artículo periodístico en el que Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda del gobierno actual, estimó, en precios de 2019, el costo directo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco en 332 mil millones de pesos, que “son más de tres veces lo que el INE ha recibido de dinero público desde que nació hasta ahora. Una decisión arbitraria del gobierno ha costado más que casi una década de elecciones limpias y sin problemas”.

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