Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano se movilizaron este miércoles en contra de los ataques a la prensa que, desde el Poder Ejecutivo, se han incrementado tras la publicación del reportaje de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que exhibe un posible conflicto de interés entre la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex, y José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En una carta dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, los diputados del PAN advirtieron que “una de las principales estrategias de quien encabeza al gobierno mexicano para concentrar más el poder ha sido debilitar uno de los pilares más importantes de la democracia: la libertad de expresión. El constante ataque y difamación en contra de los periodistas, medios de comunicación y cualquiera que no esté de acuerdo con su proyecto personal o con su gobierno ha tenido un alarmante aumento”.
En el escrito, entregado en la sede de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), los panistas subrayan que el pasado viernes 11 de febrero, “acorralado por las acusaciones”, desde Palacio Nacional el presidente del país violó preceptos legales tanto nacionales como internacionales al publicar los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.
“A este gobierno se le olvidó que el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza que ‘todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión; que este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’”.
Señalan, asimismo, que mostrando su talante autoritario, López Obrador violó también el artículo 16 constitucional que estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”, así como el artículo sexto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que señala que el Estado debe garantizar la privacidad de los individuos.
De igual forma indicaron que al revelar los supuestos ingresos del periodista, el presidente violó el derecho al secreto fiscal, establecido en el Código Fiscal de la Federación, y vulneró los artículos 57 y 68 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, al recurrir en atribuciones que no le corresponden de acuerdo al puesto que ostenta.
En virtud de lo anterior, los diputados pidieron a Bachelet “considerar la intervención de la Relatora Especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión en nuestro país para que en función del derecho y las normas internacionales de derechos humanos se realice un informe y se formulen recomendaciones que nos ayuden a terminar con esta lamentable situación”.
Por su parte el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador; la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al considerarlos responsables de los ataques sistemáticos a los periodistas.
“Presentamos una queja ante la CNDH en contra del Presidente, porque ha acosado de forma sistemática y ha rebasado todos los límites. Exigimos un alto y, si la CNDH no lo hace, iremos a instancias nacionales e internacionales”, declaró Álvarez Máynez.
La carta, dirigida a Rosario Piedra Ibarra, señala: “Queda en evidencia el uso faccioso de las instituciones, así como el abuso de autoridad por parte del presidente de la República para perseguir a los periodistas críticos que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflicto de interés de sus familiares directos. Las instituciones públicas no deben de ser utilizadas de manera política, deben de utilizarse para servir a las y los ciudadanos”.
Las normas que ha violado el presidente López Obrador, indicó Álvarez Máynez son la Constitución, las leyes General de Responsabilidades Administrativas y General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, además del Código Fiscal de la Federación.
Álvarez Máynez advirtió que el presidente López Obrador ha estado hostigando desde el poder público a diversos periodistas, entre los que destacó a Carmen Aristegui, a quien “en los últimos días ha acosado de forma sistemática y, rebasando todos los límites, a Carlos Loret de Mola e incluso a su familia. Eso no se puede permitir en un Estado democrático”.
Sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el legislador naranja dijo que la Secretaría de Gobernación debe garantizar su correcto funcionamiento y también la integridad de las personas periodistas en el desempeño de sus funciones.