domingo 21 abril 2024

La SCJN invalida reforma de 2017 a Ley de Telecomunicaciones, que distinguía información y opinión

por etcétera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida, por violaciones al proceso legislativo, la reforma de 2017 sobre derechos de las audiencias a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se establecía que las estaciones de radio y televisión distinguieran la información de la opinión en una noticia.

Este lunes, de forma unánime, el Pleno de la SCJN trato el asunto de los derechos de las audiencias de la reforma de hace cinco años, en el que el ministro ponente fue el ministro Alberto Pérez Dayán, quien puso el énfasis en violaciones al reglamento del Congreso de la Unión cuando fue aprobada la reforma en el Senado de la República.

Para Pérez Dayán, el dictamen de la reforma fue avalado pero sin que hubiera lecturas previas, como establece la normatividad del Congreso, además de que no fue publicado en la Gaceta del Senado al menos 24 horas antes de su discusión.

Lo anterior, consideró el ministro, constituyó una violación al proceso legislativo y al derecho de las minorías de no ser excluidas de él.

Asimismo, para la reforma de 2017 a la ley no fueron consultados los pueblos y comunidades indígenas y a personas discapacitadas sobre la materia, pese a que también podrían ser afectadas por aquella, según expresó en la sesión la ministra Loreta Ortiz.

Por ello, ahora corresponde a los legisladores, si así lo deciden, elaborar una nueva reforma a la ley citada, pero con respeto a los requisitos establecidos para los procedimientos legislativos.

L a reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión había sido aprobada en abril de 2017 por la Cámara de Diputados, en la que se establecía que los concesionarios de radio y televisión deberían abstenerse de transmitir publicidad o propaganda como información noticiosa.

Aquella reforma fue producto de dos iniciativas presentadas por diputados, una presentada por Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (quien después pidió que fuera retirada) y Federico Döring, del PAN.

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