miércoles 12 junio 2024

El sistema de salud pública padece epidemia de facturas falsas: Impunidad Cero

por etcétera

Entre 2014 y 2019 en el sistema de salud público fueron emitidas casi 23 mil facturas falsas por empresas fantasma que dieron origen a desvíos por 4 mil 100 millones de pesos en 30 de los 32 estados del país, según una investigación de Impunidad Cero.

Pero eso no es lo más grave, ya que, como indica esa organización, “cada peso desviado representa un servicio, un bien o una instalación que una persona no recibió en materia de salud. El sector salud está enfermo y es responsabilidad de las autoridades encontrarle una cura”.

La investigación de Impunidad Cero, pese a todas las dificultades que esa organización enfrentó para hacer su investigación, halló que entre 2014 y 2018 se identificaron 22 mil 933 facturas falsas expedidas en el sector salud en 30 estados y a nivel federal, por un total de 4 mil 179 millones 46 mil 254 pesos.

Impunidad Cero advierte que esta es apenas una muestra de uno de los grandes problemas públicos: la impunidad frente al mal ejercicio de los recursos públicos, por lo que advierte que “el desvío de recursos a través de este mecanismo es un problema que se da en todos los órdenes de gobierno y que urge ser atendido por las autoridades”.

El documento de Impunidad Cero registra 16 instituciones de salud que incurrieron en el pago de facturas falsas entre enero de 2014 y diciembre de 2018, entre las que destacan las siguientes: los institutos de Salud del Estado de México, con mil 804 millones 848 mil 490 pesos; Mexicano del Seguro Social, 320 millones 909 mil 389 pesos, y de Salud de Chiapas, con 282 millones 857 mil 733 pesos. Les siguen Servicios de Salud de Oaxaca, con 268 millones 804 mil 875 pesos, y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, con 213 millones 782 mil pesos, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con 141 millones 85 mil 163 pesos.

Los años en que se pagó más por facturas falsas fueron 2016, con mil 215 millones 60 mil 726 pesos; 2015, con mil 190 millones 778 mil 877 pesos; 2017, con 883 millones 177 mil pesos; 2014, con 701 millones 150 mil pesos, y 2018 con 167 millones 406 mil pesos.

Las principales empresas fantasma que resultaron beneficiadas con los recursos públicos dedicados a la salud fueron las siguientes: Interacción Biomédica, con mil 613 millones 538 mil pesos; Kisa Importaciones, 205 millones 446 mil pesos; Constructora Kedmex, 186 millones 844 mil pesos; Distribuidora de Medicamentos y Cosméticos, 172 millones 848 mil pesos, y Tradeco Urbana, 147 millones 458 mil pesos.

Por estados destaca el Estado de México, que recibió el 41 por ciento de las facturas falsas detectadas, las que significaron casi dos mil millones de pesos, mientras que en conjunto con las entidades de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Oaxaca agrupan 80 por ciento del total de las facturas falsas.

De los datos que reunió, Impunidad Cero concluye que la Federación y 90 por ciento de los estados “han incurrido en esta práctica de desvío de recursos públicos”.

En el documento de Impunidad Cero se explica que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) incurre en un sistema de encubrimiento cuando conoce que empresas fantasma que previamente ha detectado han expedido facturas a favor de instituciones de salud y no emprende ninguna acción legal para contrarrestar esa acción.

Por ello considera que tanto las empresas fantasma y los servidores públicos que encubren sus acciones incurren en delitos como el relativo a la expedición, enajenación, compra o adquisición de facturas falsas, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Sin embargo, señala Impunidad Cero, “la impunidad se hace evidente al momento en que no se utiliza la información que tiene el SAT respecto a las facturas expedidas a favor de las instituciones de salud, a efecto de lograr un efectivo control y fiscalización de los recursos públicos en este sector”.

En las conclusiones de su estudio Impunidad Cero prácticamente califica como epidemia el problema de las facturas falsas, e indica que “los esfuerzos del gobierno actual van en el sentido de acabar con la corrupción, pero nada se ha hecho para detener el avance de las empresas fantasma como vehículo para desviar recursos públicos. Ni siquiera se ha logrado un reconocimiento oficial de que este mal aqueja al sistema de salud”.

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