sábado 02 marzo 2024

Desaparecer a los desaparecidos

por Rafael Hernández Estrada

“De 110,964 registros de desaparecidos, solo 12,377 confirmados”, cabeceó exultante La Jornada en su edición del 15 de diciembre de 2023. El titular responde a la consigna presidencial respecto de la ola de desaparición forzada que sufre México, la cual se agudizó durante este sexenio. Cual avezado ilusionista, con un pase de magia, el inquilino de Palacio Nacional desapareció a 98 mil 587 personas desaparecidas. Quienes aplauden la maniobra no se duelen de la burla impudente de la ley y de los protocolos de búsqueda. Tampoco les importa el pisoteo de los derechos humanos y de los sentimientos de las familias afectadas.

El 16 de agosto, en su deposición matutina, el presidente López Obrador había anunciado que un “censo” de los desaparecidos a cargo de los mal llamados servidores de la nación resolvería el problema “que los adversarios de la transformación aprovechan para perjudicar a nuestro gobierno”. Pero nunca se trató de la resolución del problema de las personas sustraídas contra su voluntad, de encontrarlas, dilucidar su destino, detener a los delincuentes y consignarlos para que reciban un castigo conforme a la ley. Nada de eso: de lo que se trató fue de ocultar el problema y, con ello, absolver a López Obrador y a su gobierno de toda responsabilidad por la ola de desapariciones.

El jueves pasado, el inquilino de Palacio Nacional hizo saber que, con la “depuración”, la lista de desaparecidos quedó en solo 12 mil 377. Según la narrativa obradorista, el resto (casi 100 mil personas víctimas de desaparición forzada), era invención de los neoliberales, de los fifís y los conservadores. O bien eran personas despechadas huyendo del desamor, adolescentes rebeldes, uno que otro delincuente que se escondía en algún penal de máxima seguridad con tal de hacerle daño “al proyecto transformador”. Los servidores de la nación se han cubierto de gloria: “resolvieron” el asunto de las desapariciones. 

La credibilidad del supuesto censo era tan inconsistente que, para el show cómico-mágico-musical del jueves pasado, el presidente mandó traer a quienes la hicieran de patiños, es decir, de personajes que atrajeran las burlas del público con tal de que sobresalga el cómico principal (o sea, él mismo). Así, llamó a escena al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien se sacó de la manga una “Metodología de búsqueda generalizada” que, dijo, aplicó exitosamente su gobierno “desde hace dos años” y hasta presumió “500 células de búsqueda”. Nadie en la administración capitalina, en el Congreso de la Ciudad ni en los grupos de víctimas, había escuchado antes de tan milagrosa como secreta operación, pero el distribuidor de la Leche Bety aprovechó la ocasión para que con el mismo plumazo quedara “resuelto” el incremento geométrico de la desaparición de personas ocurrido en la capital del país.

En su turno, haciendo su propio numerito, la titular de la Secretaría de Gobernación aseguró (sin mucha convicción) que el gobierno federal adoptó desde mayo la metodología que Martí acababa de inventar. Que hicieron decenas de miles de visitas domiciliarias, otras tantas llamadas telefónicas y, sin ningún temor al ridículo, se inventó la categoría de “personas ubicadas” para referirse a personas reportadas como desaparecidas y no localizadas a quienes “los hemos encontrado en bases de datos, pero aún no contamos con la prueba de vida porque no hemos podido encontrarlos”.

Se debe poner bajo la duda el censo anunciado, si se entiende que un ejercicio de este tipo es una técnica censal desplegada para obtener información de campo. No está clara la fecha en que inició el levantamiento, sus etapas y procesamiento de datos. Tampoco quién lo hizo, qué protocolos se siguieron, cómo se supervisó y validó la información. Las declaraciones de Batres y Alcalde indican que gran parte del rasuramiento del Registro Nacional de Desaparecidos se hizo con trabajo de escritorio, consistente en la compulsa de bases de datos obtenidos por los propios servidores de la nación: el muy dudoso padrón de beneficiarios de programas sociales y el aún más incierto listado de vacunados contra el Covid, levantados ambos por el ejército proselitista de AMLO.

Queda claro, en cambio, que tal procedimiento violó la Ley de búsqueda de personas desaparecidas, el Código Penal Federal, los códigos penales estatales, así como el Protocolo Homologado de Búsqueda. Es nítido que se hizo a un lado a las víctimas, sus derechos y los de sus familiares y amigos que, a pesar del rasurado que AMLO ordenó, continúan y continuarán su búsqueda hasta encontrarlos.

Cincelada: Loor a la cuarta transformación: por primera vez en la historia, la Universidad Humanitas (aunque sea patito), colocó a una de sus egresadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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