viernes 23 febrero 2024

Desaparecidos por segunda vez

por Rafael Hernández Estrada

Está en curso un perverso maquillaje de la desaparición forzada en México, cuya estadística es una de las pruebas del fracaso de la estrategia de seguridad del actual gobierno. A la entrega de esta columna, se tiene el registro oficial de 110 mil 914 personas desaparecidas y no localizadas, más 13 mil 158 que fueron localizadas sin vida después de su desaparición. Pero próximamente, el gobierno federal anunciará una drástica reducción que ocurrirá no a partir de la inteligencia y la investigación policial, la resolución judicial de los casos o la localización de las personas ausentes, sino a resultas de un nuevo “censo del bienestar” en el que los mal llamados servidores de la nación rasurarán decenas de miles de casos. Esta operación revictimizará a los afectados y a sus familiares, quienes verán desaparecer a los suyos por segunda vez.

López Obrador violará así, una vez más, varias leyes federales. Entre ellas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que instituye un Registro Nacional a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya información se recaba a partir de las siguientes fuentes: Fiscalías o Procuradurías federal y estatales, Comisiones de Búsqueda Nacional y las locales, otras autoridades y familiares de las víctimas.

Al 17 de agosto de 2023, en el Registro mencionado se contabilizaron más de 292 mil casos de desaparición, de los cuales fueron localizadas 181 mil personas, entre éstas,167 mil vivas y 13 mil sin vida. Un total de 110 mil 914 personas siguen como desaparecidas y no localizadas. Según los datos oficiales, la desaparición forzada afecta mayormente a los hombres jóvenes de los 15 a los 30 años y, en los casos en que las víctimas son mujeres, destaca el grupo de edad de entre los 15 y los 19 años.

Es un problema extendido en todos y cada uno de los estados de la República, pero sobresalen lamentablemente Tamaulipas y Jalisco por la cantidad de casos. En un segundo grupo, se encuentran el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, al que le siguen Michoacán, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas y Baja California.

En este grave problema no opera el pretexto de “la herencia del pasado” a que tanto recurre el inquilino de Palacio Nacional, pues los datos oficiales muestran que en 2011, en el peor año que en esta materia tuvimos durante el sexenio de Felipe Calderón, se reportaron 11 mil desapariciones; hubo 17 mil en 2017, que fue el año con más casos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Pero durante el presente sexenio es cuando las cifras se dispararon con un promedio de 23 mil desapariciones por año. El reporte de 2023, hasta la primera quincena de agosto, contabilizó 16 mil 177 personas desaparecidas, cifra que apunta para que al cierre de este año se acumulen entre 24 y 25 mil nuevos casos. 

Tampoco aquí opera el argumento de que al Registro Nacional le hace falta una depuración pues, como ya se dijo, éste identifica los casos de desaparición resueltos con la localización de las personas o la de sus cuerpos sin vida.

Ante este cada vez más grave fenómeno que termina con vidas, destruye familias y forma parte del modus operandi del crimen organizado, el gobierno de la 4T sigue la política del avestruz. Acusa a las madres buscadoras de ser golpistas, al tiempo que minimiza el problema con dos estrategias: sus chistoretes anticlimáticos de mal gusto y una operación de borrado a cargo de su ejército electoral privado, que paga con recursos públicos.

Al respecto de esto último, fue el propio López Obrador quien el 31 de julio anunció la actualización del censo de personas desaparecidas a cargo de “los servidores de la nación, que son los que trabajan en las colonias, en las comunidades”. ¿Son estos burócratas un personal calificado en las ciencias forenses, en criminología o en investigación ministerial? ¿Tienen conocimientos científicos sobre las estrategias punitivas y de la leva con la que las bandas del crimen organizado reclutan jóvenes? Los también llamados vividores de la nación saben igual o menos que cualquiera sobre estos delicados asuntos, como también son incompetentes en temas como la pobreza y la pobreza extrema, la condición de discapacidad de las personas, la reforestación, el mantenimiento de inmuebles públicos o el aprovechamiento y la deserción escolar. Pese a su ignorancia, se dedican a repartir discrecionalmente apoyos, pensiones por discapacidad, Sembrando Vida, la Escuela es Nuestra y becas para estudiantes y ninis. Lo hacen en función de metas electorales, no para impulsar el desarrollo social.

Lo mismo harán con el nuevo censo: reducirán artificialmente el problema de desaparición forzada de personas en México al borrar desaparecidos. Para ello, el presidente les ordenó violar la ley de la materia y también las que norman la procuración de justicia y la de transparencia, pasando por encima de las autoridades competentes y de las familias de las víctimas. Revictimizarán a los afectados, a sus familiares y, de remate, aprovecharán el viaje para intentar repartirles apoyos a cambio de su voto y de su demanda de justicia.

Cincelada: Es autobiográfico el chiste que AMLO contó para evadir una pregunta sobre los jóvenes de Lagos de Moreno. Es él mismo quien finge sordera y solo presta oídos a lo que le conviene.

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