viernes 14 junio 2024

Desconfianza o complacencia ciudadana

por Mariana Moguel Robles

Aristóteles define al ser humano como “un ser social y dispuesto por la naturaleza a vivir con otros”. Para el filósofo nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la Antigua Grecia, el ser humano, aunque es un ser racional, encuentra su realización en el seno de la vida comunitaria: es nuestra interacción con los demás como podemos desarrollar de mejor manera nuestras capacidades. 

Aprendemos en la familia, en la escuela y en nuestros lugares de trabajo. Aprendemos a conocernos y comunicarnos con los demás. La sociedad es determinante para nosotros. Por ello, el propio Aristóteles afirmó que la sociedad es anterior al individuo. 

En su libro La justicia como equidad, el filósofo John Rawls apunta “que los ciudadanos se conciben nacidos en la sociedad: es en ella donde pasarán su vida entera”. Formamos parte de la sociedad, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Nos desarrollamos en el interior de las instituciones; son estas las que nos permiten dirimir controversias a partir de nuestra aceptación voluntaria del acuerdo social; el conjunto de leyes y normas aceptadas por todos nos permiten evitar conflictos y vivir armónicamente.

¿Qué sucede actualmente con nuestra sociedad? ¿Es verdad que nos estamos transformando en seres indolentes? ¿Podemos ser testigos impávidos ante la violación sistemática de la ley? ¿Aspiramos a vivir como una sociedad civilizada? ¿Es natural una sociedad dividida? ¿Cómo afectan las problemáticas sociales irresueltas en el ánimo social? ¿Desconocemos nuestros derechos? Múltiples preguntas surgen a lo largo de nuestro día a día. Hemos sido testigos o víctimas de actos violatorios de la ley, y nuestro silencio contribuye con su grano de arena a resquebrajar el orden social (la paz y la armonía entre los individuos pertenecientes a una sociedad).

Cabe hacer un recuento: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), señala en su sitio web que “los Derechos Humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren… el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros… en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales y en la tercera generación se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes”.

La propia CNDH subraya: “Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”.

Y enlista los mencionados derechos humanos: Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación; Igualdad entre mujeres y hombres; Igualdad ante la ley; Libertad de la persona; Derecho a la integridad y seguridad personales; Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio; Libertad de expresión; Libertad de conciencia; Libertad de imprenta; Derecho a la libertad de tránsito y residencia; Libertad de asociación, reunión y manifestación; Libertad religiosa y de culto; Derecho de acceso a la justicia; Derecho a la irretroactividad de la ley; Derecho de audiencia y debido proceso legal; Principio de legalidad; Seguridad jurídica en materia de detención; Seguridad jurídica para los procesados en materia penal; Derechos de la víctima u ofendido; Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial;

Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas; Seguridad jurídica en los juicios penales; Derecho a la inviolabilidad del domicilio; Derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas; Derecho a la propiedad; Derechos sexuales y reproductivos; Derecho de acceso a la información; Derechos a la protección de datos personales; Derecho de petición; Derecho a la ciudadanía; Derecho a la reparación y a la máxima protección; Derecho a la educación; Derecho a la salud; Derecho a la vivienda; Derecho al agua y saneamiento; Derecho a la alimentación; Derecho a un ambiente sano; Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad; Derechos de los pueblos y comunidades indígenas; Derechos agrarios; Derecho de acceso a la cultura; Derecho a la cultura física y al deporte; Derecho al trabajo; Derecho en el trabajo; Derecho a la seguridad social; Derecho de las niñas, niños y adolescentes; Derecho de las personas con discapacidad; Derecho de las personas adultas mayores; Derecho de las personas migrantes; Derecho a la reparación integral del daño; Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos; Derecho a la verdad, y Derecho a la Reinserción Social.

Es evidente que la división social que predomina hoy en México ha desviado la atención sobre nuestros derechos y lo que el propio gobierno hace para garantizarlos. El incumplimiento del quehacer gubernamental nos hace preguntarnos si realmente existe en México un Estado de Derecho. Hoy se violan sistemáticamente los derechos humanos de millones de mexicanos, y estas violaciones parecen contar con la aprobación de la propia ciudadanía. Las propias autoridades han ido a más, impulsando la descomposición social, con el beneplácito de cómplices y aplaudidores.

En su informe “Situación de Derechos Humanos en México”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —órgano de la Organización de los Estados Americanos que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos, y órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la materia— analiza específicamente las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México. 

En dicho informe, la CIDH identifica como los factores principales que dan lugar a la violencia en México: Actores estatales, Crimen organizado, Uso de la fuerza por actores no estatales, Pobreza y exclusión social, Tráfico de personas, drogas y armas, e Impunidad.

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del total de expedientes calificados (112 mil 739) en la CNDH y en los OPDH, 104 mil 153 (92.4%) resultaron calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos; destaca la Ciudad de México, siendo la entidad que concentró la mayor cantidad de expedientes calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos con 14 mil 528.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana —de carácter trimestral— divulgada recientemente por el INEGI, la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó del 65,8% en diciembre de 2021 al 66,2% en marzo de 2022. Lo que significa que el 66,2 % de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro, un incremento de 0,4 puntos porcentuales en contraste con el resultado del trimestre anterior.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Con base en la información arriba mencionada, podemos afirmar que la sociedad se cuestiona sobre la efectividad de las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Sabemos que no debe imperar la resignación ciudadana frente al caos que pretende someternos a la voluntad del poder. El clima de miedo e indefensión sólo se combatirá desde la propia sociedad. 

Por ello, los aspirantes a ocupar la presidencia de México en 2024 deberán integrar las propuestas ciudadanas en su plan de gobierno, con énfasis especial en la reconstrucción del tejido social y las instituciones de impartición de justicia, cuya efectividad ha sido erosionada. Los mexicanos aspiramos a una sociedad justa y equitativa para todos, la complacencia ante la ilegalidad es la ruta equivocada. Sólo el poder de los ciudadanos será capaz de resarcir su confianza en las instituciones.

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