domingo 21 abril 2024

El “plan C” y la mitomanía histórica

por Rafael Hernández Estrada

Los estudiosos de la sicología indican que hay dos tipos de mentirosos: quienes ocultan cierta información y quienes de plano la falsean. Los últimos no sólo retienen información verdadera, sino que presentan información falsa como si fuera cierta. López Obrador se cuenta entre éstos. Está probada y hasta cuantificada su inclinación a mentir cuando habla de los supuestos principios y logros del gobierno y de esa manía no se salva ni la historia nacional. Así ocurrió recientemente, cuando anunció su “plan C”, ahora dirigido en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su deposición mañanera del 9 de mayo, un día después de que los ministros de la SCJN sentenciaran la invalidez del llamado “plan B”, el Ejecutivo presentó el “plan C”. La adornó como una lucha contra los privilegios, cuando no es más que un desquite furibundo. Dijo que la nueva iniciativa es para “que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857, la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo” (sic), La claque oficialista, encabezada por los coordinadores de los levantadedos de Morena en ambas cámaras y por propagandistas como Pedro Miguel Arce, respaldó de inmediato la ocurrencia y alabaron el pretendido fundamento histórico que tiene. 

Arce, directivo y columnista de La Jornada, además de que es un destacado publicista del gobierno y su partido, fue responsable del fraude del Fideicomiso “Por los demás” (mediante el que se financió ilícitamente a Morena con el pretexto de apoyar a los damnificados del sismo de 2017) y uno de los fallidos redactores de la “constitución moral” de la 4T. Ahora engrosó la falsedad presidencial al añadir que “posteriores cambios a la Constitución (de 1857) le quitaron al pueblo su facultad de elegir” a los ministros de la Corte (La Jornada,10/05/2023). 

En realidad, la Constitución de 1857 no otorgaba al pueblo la facultad de elegir a los ministros de la Suprema Corte ni a ningún otro funcionario público. Es cierto que esa Constitución fue un avance en temas como la forma republicana de gobierno, el federalismo y el Estado laico (aunque los avances más sustanciosos de la laicidad se dieron con las Leyes de Reforma, que fueron elevadas a rango constitucional hasta 1875, después del fallecimiento de Benito Juárez). Pero ese texto constitucional y su Ley Orgánica Electoral, expedida el 12 de febrero de 1857, contenían importantes rezagos en materia de democracia. El primero de ellos es que no establecía el voto universal de los ciudadanos para elegir a los gobernantes, sino un sistema excluyente e indirecto. De entrada, las mujeres no tenían derecho al voto. Tampoco estaba garantizado el reconocimiento del derecho al voto de todos los hombres, pues los gobiernos estatales y municipales tenían la función de integrar el padrón y podían negar su inscripción a cualquiera, aduciendo alguna de las siete causales contenidas en la Ley.

No existía en esos ordenamientos la elección popular de ningún cargo público: todas las elecciones eran indirectas. Quienes tenían la fortuna de ser reconocidos ciudadanos se limitaban a elegir a un elector por cada sección electoral. Solo éstos últimos eran convocados a las Juntas Electorales de Distrito, en donde votaban para elegir a los diputados federales y al Presidente de la República. 

La mecánica descrita se aplicaba también para la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El artículo 92 de ese ordenamiento decía expresamente que: “Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral”.

El inquilino de Palacio Nacional falseó los hechos históricos, la referencia juarista que hizo es mentirosa en varios sentidos y esa falsedad fue amplificada por su Corte de Los Milagros. La falsedad propalada pretende justificar el golpe a una SCJN que resistió a la presión del gobierno y que defendió la Constitución ante la contrarreforma electoral de AMLO. 

Ni los liberales de la Reforma, ni Juárez, ni la Historia Patria, se salvan de la mitomanía presidencial. El reino cuatroteísta de los “otros datos” extiende sus tentáculos para tergiversar la verdad de los acontecimientos pasados, con el fin de engañar al público poco informado y en aras de dar una apariencia de fundamento a las ocurrencias y a los berrinches de cada mañana.

Cincelada: Neciamente, AMLO reincide en hacer propaganda electoral desde el Palacio Nacional. Viola día tras día los artículos 41 y 134 constitucionales, es un violador serial de la Constitución.

También te puede interesar