Los encapuchados que interceptaron a la candidata presidencial morenista en un retén instalado en Motozintla, Chiapas, el pasado 21 de abril, publicaron un video el miércoles pasado donde le dicen a Sheinbaum: “le decimos que … esto no es un montaje y al presidente, que diga las cosas tal como son”
“El Estado mexicano no es capaz de recuperar el control territorial en diversas regiones del país. Registros de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, revelan que, durante la actual administración, se han contabilizado casi 300 retenes instalados por grupos criminales”, así de contundente abre Reporte Índigo su investigación en la que informa cómo el gobierno de López Obrador ha caído de rodillas ante este gravísimo problema que aqueja al país.
El medio de comunicación requirió información, vía transparencia, a la Guardia Nacional y al Gobierno de Michoacán, pidiendo datos sobre los retenes instalados en territorio nacional por grupos de la delincuencia organizada. De esta manera, para junio de 2023, la Guardia Nacional reconocía al menos 119 retenes colocados por “organizaciones delictivas para controlar tanto el tránsito de las personas en sus áreas de influencia como la vida interna de las comunidades.”
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, informó que tuvo conocimiento de al menos 169 retenes en municipios y comunidades en el periodo de 2019 al 2022, exhibiendo lo que el gobierno federal se encarga de negar: que amplias zonas del territorio nacional están bajo el dominio del narco, éste controla cada vez más zonas, poblaciones o municipios enteros.
Además de los efectos sociales que esto tiene, también se impacta al proceso electoral de varias maneras, por ejemplo, se encuentran en estado de indefensión las y los trabajadores del INE que se encargan de visitar a la ciudadanía de todo el país para que participen en la jornada electoral del próximo dos de junio, se inhibe también la propia participación de las personas como funcionarias de casilla y por supuesto, impacta en el ejercicio del derecho al voto libre de la ciudadanía.
El problema no es nuevo, ya el 17 de junio de 2021, Glen VanHerck, general del Comando Norte de Estados Unidos, señaló que alrededor del 30 o 35 por ciento del territorio mexicano es operado por el crimen organizado, declaración que molestó mucho al gobierno mexicano pero que, ante esta grave situación, sólo atina a voltear la cabeza para mirar a otro lado, pues la propia información otorgada a Reporte Índigo, mapea con claridad las zonas donde los cárteles se han hecho con el control del país.
Los estados que han presentado mayor cantidad de retenes son, en primer lugar, Puebla, con 39, Veracruz, segundo con 12, Sonora tercero con siete, el Estado de México con cinco retenes en cuarto lugar y Guanajuato, en el quinto puesto con cuatro. Pero también en otras entidades como Nuevo León, Querétaro, Zacatecas y Michoacán, aparecen con tres retenes cada entidad, no obstante, la misma información otorgada por la Secretaría de Seguridad michoacana, entra en contradicción con lo indicado por la Guardia Nacional, pues como señalamos, la secretaría del estado reconoce 169 retenes en cuatro años, ¿por qué la Guardia Nacional no los tiene registrados?
El caso de Chipas, desde el 2023 esta entidad vive una explosión de violencia sin precedentes debido a la lucha por los territorios que existe entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, lo cual se ha reflejado en el desplazamiento de muchas personas pobladoras por el grado de inseguridad y violencia que existe en las comunidades chiapanecas; y en otros casos, ha obligado a las comunidades a tomar la seguridad por sus propios medios.
Por su parte, la organización defensora de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas reportó hace dos semanas, un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo de narcotraficantes, mismo que dejó 25 muertos, pero, como ya es costumbre, el presidente minimizó el hecho y dijo que “solo fueron diez muertos”, y solo reaccionó porque la organización defensora hizo público el hecho, de lo contrario, muy seguramente, esta masacre ni siquiera le hubiera merecido un comentario al presidente.
Así pues, cuando la candidata del oficialismo dice que el retén de Motozintla fue un montaje, no hace más que instalarse en esa “pejelandia” en la que el país está muy bien, en la que las masacres, la violencia y la toma del territorio por el narco no existen. Esa es la continuidad que le ofrecen al país, ese es también el “cuarto piso” de su mentada transformación. La buena noticia es que la ciudadanía tiene el arma más poderosa para asumir la realidad y empezar a sacar al país del sometimiento y la violencia criminal, con nuestro voto el próximo 2 de junio, ¡no más continuidad!
