Una de las entidades de la república que más han sido castigadas por la violencia de diversos tipos (económica, social, criminal, gubernamental) ha sido Guerrero, que en los años reciente se ha caracterizado por diversos conflictos que todavía están pendientes de resolver.

En su libro Mundos de muerte. Despojo, crimen y violencia en Guerrero (UAM Iztapalapa, Gedisa, 2020) Carlos Illades y Teresa Santiago dan continuidad a un trabajo anterior, Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra (2014), en esta ocasión al tomar como caso de estudio aquella entidad de la república.

En ese volumen se presenta un panorama general de un estado en el que se entremezclan desde muy viejos elementos (el cacicazgo) hasta la moderna economía criminal y el neoextractivismo, atravesados por la pobreza, la marginación y la exclusión, lo que nos permite atisbar que son enormes la complejidad y la conflictividad de sus problemas.

Al respecto, una de las observaciones más graves que hacen los autores es la siguiente: “El Estado moderno reservó para sí tres facultades fundamentales que monopolizó: la violencia legítima, la fiscalidad y el control del territorio. En mayor o menor medida, de acuerdo con la circunstancia o el lugar, el Estado mexicano, y sin duda el guerrerense, ha cedido parte de ellos al crimen; es decir, se privatizaron. Por tanto, el Estado comparte la soberanía con actores autónomos, aunque no necesariamente exógenos, sobre los cuales la ciudadanía no tiene ningún control”.

Sobre su libro reciente conversamos con Santiago e Illades. Ella es  doctora en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, casa de estudios en la que también es profesora e investigadora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. Autora de al menos cuatro libros, fue directora de la revista Signos filosóficos y ha colaborado en publicaciones como Dianoia, Revista de la Universidad y Relaciones.

Illades es doctor en Historia por El Colegio de México, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. Miembro de las academias mexicanas de Ciencias y de la Historia, autor de una veintena de libros, ha colaborado en publicaciones como Nexos, Revista de la Universidad de México, Común y El Financiero.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué hoy un libro sobre Guerrero? Dicen en él que lo que ocurre en ese estado muchas veces tiene repercusiones en todo el país.

Teresa Santiago (TS): Este libro completa nuestro trabajo de Estado de guerra. Queríamos concentrarnos en alguna zona del país que se distinguiera por la violencia, por la manera en que se estuviera llevando a cabo la guerra contra el crimen organizado.

Guerrero, sin duda, tuvo unos picos de violencia muy altos en los últimos tiempos, y cuando decidimos hacer el libro estaba en una de las olas más altas de violencia. Nos pareció que podíamos hacer un análisis de su situación.

El estado conjuga una serie de características que no se dan en otras entidades: su composición social, la cuestión geográfica, su población indígena, la manera en que se dan diferencias tan enormes en el estado, que, por un lado, es tan arcaico y, por otro, tiene una modernidad muy notable (como son en Acapulco y otras ciudades), así como que ha sido identificado como un estado productor de drogas.

Todo eso nos llevó a pensar que era la oportunidad de extender nuestro análisis.

AR: En Guerrero hay una larga tradición de cacicazgo. ¿Cómo se insertó en la economía criminal, en la globalización y en el nuevo orden del modelo neoextractivista? Otro elemento es la militarización que ha habido en la entidad desde hace mucho tiempo.

Carlos Illades (CI): Guerrero fue formado por caciques: el cacicazgo está en el origen mismo de la entidad. Juan Álvarez y Nicolás Bravo, por ejemplo, los fundadores de la entidad, eran caciques importantes en distintas zonas.

Luego, en el Porfiriato, llegaron los Figueroa, cuyo dominio en el estado se extendió a lo largo del siglo XX y diría que hasta del siglo XXI, pero ya no tan fuerte como fue antes.

Lo que hemos encontrado es que estos cacicazgos se han combinado de una manera óptima en términos de sus propósitos con la modernización de las últimas décadas. Han sido como un trasfondo del entramado institucional de la entidad que ha podido vincularse con, incluso, formas más de carácter democrático en la política.

Han sabido reciclarse por el poder que tienen en relación con el dominio de los recursos, el control de la política e incluso de ciertos segmentos de la población.

Los caciques también han sabido negociar con el crimen porque tienen la posibilidad de mediar entre las esferas delincuencial y pública en la entidad, y permiten establecer estos vínculos que son indispensables para que funcione la economía criminal.

Desde su orígenes, incluso desde antes de que existiera como entidad, Guerrero también ha sido un territorio donde han sido muy fuertes los movimientos sociales, que habitualmente fueron reprimidos y que dieron lugar a presencia pública de los organismos de seguridad desde periodos muy tempranos y, sin duda, a partir de 1960 con el movimiento popular que derribó al gobernador Raúl Caballero Aburto.

El estado entra perfectamente en el ciclo que definimos en el libro anterior como Estado de guerra, en la medida en que articula también la vieja guerra contra los movimientos sociales, contra la guerrilla, hasta la actualidad. Se han empalmado esas dos guerras, con la guerra sucia en medio.

AR: Ustedes caracterizan lo que se vive en Guerrero como “guerra irregular”. ¿Cómo se aplica este concepto al caso de Guerrero?

TS: Ya habíamos usado ese término en Estado de guerra, y ahora, al tratar de afinar más el concepto, usamos guerra irregular por varias razones: no se combate a un ejército formal porque no es el combate de dos ejércitos sino que la fuerza del Estado combate a bandas muy bien pertrechadas (algunas de ellas prácticamente ejércitos privados), pero no obedece al estándar de una guerra convencional.

En segundo lugar, los objetivos que buscan los criminales, sus métodos de lucha, su financiamiento, son también muy diferentes a los de la guerra convencional, en lo que  se podría ubicar dentro de lo que Mary Kaldor llama “las nuevas guerras”.

Las diferencias y las distinciones tradicionales de la teoría de la guerra también aquí están completamente desdibujadas entre combatiente legítimo e ilegítimo, a quién se combate, además de que están involucrados en ese combate soldados, policías, criminales y ahora incluso la Guardia Nacional, integrada también por marinos y antiguos policías federales.

A final de cuentas aquí uno puede preguntarse quién es el enemigo y en dónde está: es un enemigo sumamente difuso (lo que ya habíamos destacado en el primer libro), lo que hace que para esta guerra sea muy difícil aplicar los principios de contención que están en la normatividad de un conflicto convencional en el derecho internacional, o incluso en la teoría de la guerra justa.

Por todas estas razones llamamos guerra irregular a la que observamos en muchas regiones del país, pero en este caso particular en Guerrero.

AR: En el libro se afirma que la globalización no le sentó bien a Guerrero. ¿Por qué ha sido así pese al turismo, a sus riquezas en metales preciosos, en bosques?

CI: No le sentó bien porque le sumó a los problemas antiguos varios nuevos, y a las violencias antiguas, otra también nuevas.

Si bien Acapulco tiene riqueza turística, también es cierto que se convirtió en uno de los corredores de las drogas por su situación geográfica. Esto fue primero por las que venían de Sudamérica (hablo ya de la época de la globalización) y, segundo, ya como un productor sólido fundamentalmente de heroína y de la goma de opio de la cual sale (por cierto: ahora está bastante deprimido ese mercado).

Entonces las que podrían haber sido ventajas para Guerrero para un desarrollo durante la globalización, en realidad se revirtieron en contra de la entidad en la medida en que su situación geográfica y sus condiciones de precariedad económica la convirtieron en un terreno fértil para el trasiego de drogas.

Además, una de las consecuencias de la guerra contra el crimen organizado y del conflicto entre bandas es que Guerrero sufrió la fragmentación del cártel de los Beltrán Leyva, que controlaba, en buena medida, el tráfico de drogas. Esto llevó a la conformación de grupos más pequeños, que tienen que ver con las múltiples violencias que existen en la entidad. Podemos distinguir, de acuerdo con la parte de la entidad de la que estemos hablando, a varios de ellos: por un lado los Guerreros Unidos, por otro los Rojos, por uno más la Familia Michoacana, etcétera.

Ahora bien, ya montada la economía criminal en los cacicazgos y en la pobreza guerrerenses, lo que tenemos es la apropiación del crimen de otros espacios económicos que no son las drogas.

Así, por ejemplo, Guerrero es el quinto o sexto productor de oro del país. Allí se han instalado las compañías mineras canadienses, que son las que controlan 60 por ciento de la producción de oro a nivel mundial.

Ya creadas las estructuras de las bandas criminales que han pasado a distintos espacios económicos según les convenga, incluso hay lugares en los que podrían haber ayudado a detonar ciertas mejoras. Pero también está todo el daño ecológico que ocasionan las mineras, y hay un clima de violencia en el cual los trabajadores tampoco se han beneficiado mucho.

Por ejemplo, el cinturón de oro de Guerrero está más o menos en el centro de la entidad, entre Chilpancingo e Iguala. En ese lugar el crimen organizado extorsiona tanto a las mineras como a los trabajadores. Es una negociación por los dos lados que, sin duda, daña la economía de la entidad, pero también le es funcional a la empresa neoextractivista: la criminalidad la extorsiona pero también le ayuda a quitar de en medio a la gente que estorba. Esto es, la resistencia, la protesta que también puede ser acallada porque el crimen o un segmento de él pueden funcionar como punta de lanza de las empresas trasnacionales capitalistas.

Eso, por ejemplo, lo vimos desde mucho antes: en la época del tercer Figueroa, este ayudó a meter muchas trasnacionales estadounidense al hurto de las maderas preciosas en la entidad. Esto promovió no sólo despojo sino una violencia grande en los espacios madereros de la entidad, lo cual también explica que parte de las víctimas de la guerra sean los ecologistas —que lo son a fuerza porque los ejidatarios que luchan por defender el territorio acaban siendo víctimas del acaparamiento y del despojo de la riqueza maderera.

Cuartoscuro

AR: ¿Cómo ha moldeado la economía criminal de las bandas delictivas a Guerrero? ¿Qué ha pasado con el Estado en la entidad? Se menciona en el libro que es fallido, que las bandas llegan a donde no lo hacen las autoridades, etcétera. Hay una cita de Achille Mbembe muy inquietante, quien habla de la privatización del poder de coacción, y que los criminales deciden quién vive y quién muere en esta necropolítica de la que ustedes hablan.

TI: Esa categoría de Mbembe nos pareció muy atractiva para tratar de explicarlo. Es decir, es una nueva forma de soberanía que decide sobre la vida y la muerte del sujeto anulando su autonomía. Es una categoría que puede emplearse en distintos contextos, e intentamos hacerlo en el de Guerrero.

Lo que pasa es que el Estado omiso, o la soberanía que debería tener, al ser omiso o que compite con otros poderes, deja un terreno muy fértil para que se dé el capitalismo desregulado que explicaba Carlos, y entonces poco a poco el Estado va perdiendo su papel.

Las tres funciones del Estado (seguridad, fiscalización y el territorio) van siendo ocupadas por otros poderes, en este caso por el criminal, que va adueñándose de espacios. Así, el nuevo soberano, que son los grupos criminales, decide que se tiene que pagar por la seguridad, por ejemplo, quién vive, quién muere, expropia bienes, etcétera.

Eso es lo que ha pasado con el Estado en Guerrero. No sé si sea correcto llamarlo totalmente fallido, pero en muchos casos podríamos decir que la ausencia de Estado es lo que ha propiciado que existan estos mundos de muerte, los círculos de violencia porque hay zonas donde el Estado es no sólo omiso sino verdaderamente inexistente.

Esa omisión del Estado no es nada más un accidente: ha servido, por ejemplo, para el cultivo de la amapola, que le ha convenido al Estado porque de esa manera desatiende las funciones que debería asumir. Es decir, los campesinos que se dedican a la amapola lo hacen motu proprio para poder sobrevivir, y esto le conviene al Estado porque esa omisión lo desvincula de las funciones que debería cumplir.

Hay una mezcla de Estado semifallido, que a veces sí cumple con sus funciones, pero hay momento en los que le conviene no hacerlo. Hay también partes del Estado cooptadas por otros poderes, y algunas donde sigue funcionando con cierta normalidad.

En política hay una intervención muy fuerte, desde luego, por parte de los grupos criminales: sabemos que Guerrero es uno de los estados donde más crímenes se cometen cuando hay elecciones locales. La competencia política está infiltrada, en buena parte, por el crimen.

Cuartoscuro

AR: Sobre esto, me queda la impresión de que tampoco le cayó muy bien la democratización a Guerrero, donde, dicen ustedes, se perdió el modelo presidencial-soberanista, se fragmentó el poder y los cacicazgos perdieron parte de su labor de intermediación. Dicen: “Los verdaderos electores de esta democracia intervenida por el crimen son quienes financian las campañas, no los votantes”. ¿Cómo ha funcionado la democracia en Guerrero?

CI: Nada más para ilustrar lo que señaló Teresa muy bien hace un momento, menciono lo que ha pasado en Guerrero con las vacunas y con el control de la pandemia: en varias regiones del estado los grupos criminales o las autodefensas (muchas de ellas infiltradas por delincuentes) son los que han establecido una cuarentena forzosa y han cerrado las comunidades, no ha sido el Estado. La manera de precaverse de que no llegue la pandemia a esos lugares es con la soberanía impuesta por el crimen o por las autodefensas, absolutamente al margen del orden estatal. En este caso, pensamos que puede ser útil o benéfico para la comunidad, pero hay poderes actuantes que son los que, en muchos sentidos, gobiernan en la entidad.

Hace poco un miembro importante de las fuerzas armadas estadounidenses declaró que 35 por ciento del territorio nacional está controlado por el crimen. En su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente, lo negó. Eso da idea de lo que es Guerrero en este descontrol que tiene el Estado respecto al territorio.

En las elecciones hay asuntos de distinta naturaleza. Lo que señalaba Teresa sobre las disputas por las alcaldías tiene que ver con la apropiación del presupuesto estatal por parte del crimen. A veces hay violencia para imponer candidatos o contra candidatos que no están dispuestos a ceder “por las buenas” el presupuesto de sus ayuntamientos a la renta criminal. Allí hay una intervención directa: o plata o plomo, aceptan el trato o les va mal.

En segundo lugar está el enorme costo de las campañas electorales. Los estudiosos saben que las federales y las de gobernador rebasan siempre los topes de gastos de campaña, y en este rebase (que parece un requisito para ganar y, a veces, da lugar a que se hable de venta de candidaturas) el dinero sucio que proviene del crimen resulta fundamental.

Entonces, por la vía del financiamiento o de las rentas del presupuesto estatal de las cuales se apropia el crimen hay una intervención constante y frecuente de este en las campañas.

Cuando alguien tiene la fortuna o la mala suerte de ganar una elección, tiene que negociar, de una u otra manera, con el crimen para poder mantener cierta estabilidad en algunas zonas. Nos acordamos de la experiencia del Tequilero en la Tierra Caliente, que ocurrió hace unos tres años, cuando secuestraron a la mamá de ese personaje y el gobernador tuvo que mandar emisarios para negociar el rescate. Pero se iba a armar un verdadero desastre en esa zona. Parece, sin duda, un territorio de guerra.

Cuartoscuro

Pesimismo

AR: Sobre la presencia de esas bandas en las comunidades en el libro hay apuntes muy preocupantes, porque construyen una base social con los beneficios que llevan los grupos delictivos. Dicen que el dominio de esos grupos es territorial, social y hasta político. En otra parte del libro se anota que la incorporación de los jóvenes a las bandas es una oportunidad de movilidad social. ¿Qué pasa con este aspecto social del fenómeno?

TS: Muchas bandas interactúan y están incrustadas en las comunidades. Si hablamos otra vez del Estado que no cumple con sus funciones, las bandas pueden ofrecerle a los jóvenes un dinero por cumplir muy distintas funciones. No necesariamente todos ellos van a ser criminales o narcotraficantes, pero sí pueden ser, por ejemplo, halcones.

Son muchas las funciones que pueden cumplir los jóvenes incorporándose a estos grupos, lo que les permite una movilidad social a la que no podrían aspirar si se quedaran en las comunidades, por ejemplo, ayudando a sus padres en los cultivos tradicionales o de la amapola.

¿Cuál otra sería la salida para estos jóvenes? Tenemos el caso de los normalistas de Ayotzinapa, que es otra manera de aspirar a tener un futuro mejor. Pero ya vimos también los problemas que tienen los jóvenes que estudian allí porque no tienen un presupuesto, porque son vistos con mucha sospecha (en el evento más trágico que conocemos de ellos se pensaba que podían estar infiltrados por los grupos de narcotraficantes).

Pero hay otro fenómeno: la normalización de la violencia, que es cómo se puede convivir en la vida cotidiana con violencia, incluso de niños muy pequeños, que es un fenómeno presente en muchas zonas de Guerrero.

Cuartoscuro

CI: Y hay otro aspecto muy particular de la industria criminal: es una especie de outsourcing. Si se ve el caso de Acapulco, donde proliferan pequeñas bandas, lo que ocurre es que estas se alquilan para hacer determinados trabajos; es decir, no hay quien controle todo el mecanismo, sino más bien es como una subcontratación de la violencia, en la que a cada quien le corresponde hacer determinada parte.

La pulverización de estos grupos y las condiciones muy propicias de la entidad han hecho que el crimen se vaya hasta la médula de la sociedad. Esa delincuencia puede dedicarse en algún momento a las drogas, pero se puede desplazar hacia cualquier esfera económica, por ejemplo el agua.

No es extraño que eso ocurra en Guerrero y en otros lugares; esto es: se van moviendo de una esfera a otra. Para seguir el esquema de Mbembe, si en África son los diamantes, aquí pueden ser el oro y la heroína, pero también elementos más básicos, como el agua u otros bienes. Como ya están montadas las estructuras criminales y enraizadas en la sociedad, pues se van desplazando de un lado a otro.

AR: Están los desplazados, los desaparecidos, los asesinados, las extorsiones, los secuestros, pero ustedes afirman que están también las “víctimas ante”, que son las que provoca la violencia tradicional: la pobreza, la exclusión, la marginación. ¿Cómo está hoy esta violencia?

TS: Nos interesó mucho dar cuenta de las víctimas que producen estos círculos de muerte, y al hablar de víctimas tenemos que hablar de la violencia. No es que digamos que la violencia vino del exterior y quién sabe cómo llegó a Guerrero, sino que había ya una violencia estructural que fue muy propicia para que también allí se insertara otra violencia, que es la de los cárteles.

En el estado siempre hubo esa violencia estructural que fue muy propicia para que allí se incrustara otro tipo de violencia que es la criminal.

Aquí nos sirvió mucho una distinción que hace Zizek entre dos tipos de violencia: una es la estructural u objetiva, que es la que señalamos en el capítulo sobre la violencia ante bellum; es decir, que antes de la guerra ya existía esa violencia estructural, objetiva.

Por otro lado está la violencia subjetiva, que es la que vemos reflejada en la prensa, en todo aquello que es noticia: los crímenes, los desplazados, las fosas clandestinas, etcétera. Eso es lo que vemos. La violencia subjetiva, desde luego, es muy importante, pero en eso hay que ir mucho más a fondo.

¿Por qué es importante la distinción? Porque para el combate a la violencia superficial (no en el sentido de que sea trivial sino porque es la que vemos) hay que ir al fondo, hay que atacar la violencia estructural relacionada con la pobreza, con la exclusión, con el no reconocimiento de los derechos. Es algo importantísimo, porque si hablamos de víctimas, lo que describe una víctima es alguien que es sujeto de un daño inmerecido y antijurídico; es decir, en contra de sus derechos.

Entonces hay que atacar por allí y hacerlo bien, porque tampoco quiere decir que no se han intentado atender causas de la violencia estructural como la pobreza, la exclusión, etcétera. No se ha intentado correctamente porque se sigue reproduciendo y vamos viendo círculos de violencia que no tienen fin.

Esa distinción nos ayudó mucho para tratar de aproximarnos al problema, que es muy complejo.

Cuartoscuro

AR: El libro también es una breve historia de las resistencias sociales en los últimos 60 años, desde aquel conflicto con el gobernador Raúl Caballero Aburto, de donde salieron Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, hasta recientes formas de organización. ¿Cuáles han sido esas formas de la resistencia? Se observa que ha ido desde lo electoral hasta la guerrilla y las autodefensas.

CI: En Guerrero ha habido varios ciclos de violencia; alguna vez contabilizamos cuatro o cinco que vienen desde la posrevolución. En el estado, en la Costa Grande, la revolución se prolongó todavía en los años veinte, por ejemplo.

Después, en los sesenta, lo que empezó como una protesta democrática, primero con el movimiento que llevó a la autonomía universitaria y después por la vía electoral, se fue radicalizando porque estaban cerradas las vías electorales y, además, por la represión, que era una constante.

Posteriormente vinieron las guerrillas de la década de los setenta; después de Aguas Blancas vienen el EPR y lo que tenemos ahora.

Es decir, ha habido un cierre de caminos en Guerrero para una protesta cívica. También suele haber un endurecimiento fundamentalmente de los cacicazgos, una represión que hace que la gente empiece a organizarse, a protestar, después a integrarse como autodefensas y, finalmente, hasta a formar pequeños ejércitos guerrilleros.

Esta mecánica se ha reproducido durante décadas; es decir, no es que los guerrerenses sean originariamente violentos o que estén inclinados a ello, sino son las respuestas antes una serie de opciones prácticamente canceladas.

Eso se puede ver a lo largo de los siglos XX y XXI en ciclos bastante precisos.

Ahora, además, a lo que ocurría con esas violencias social y política, que son viejas en Guerrero, se sumó la violencia criminal. Están yuxtapuestas y, aunque son diferenciables, muchas veces van juntas.

Eso complica en extremo la solución de cualquier conflicto y de cualquier problema.

AR: Ustedes hacen un par de apuntes que llamaron mi atención: Guerrero es el laboratorio de lo que hay que transformar para decir que este país ha cambiado, y también que lo que ocurre en ese estado muchas veces repercute en el país. ¿Qué podemos esperar de Guerrero para los próximos años?

TS: No se ve que haya un cambio muy importante, significativo, respecto a las estrategias anteriores para combatir la violencia. Ahora quizá la atención está puesta en otras zonas (Tamaulipas, el norte del país) y no tanto en Guerrero, pero eso no quiere decir que se hayan solucionado problemas de raíz en este estado.

Lo que vamos a ver en los siguientes años van a seguir siendo círculos de violencia y estos mundos de muerte, porque no tenemos noticia de que realmente se estén combatiendo las causas que la producen.

No se ve que todavía tenga resultados muy palpables el cambio de estrategia de López Obrador. Se supone que la Guardia Nacional (que está formada por soldados, marinos y la antigua Policía Federal) no está dirigida a combatir directamente el crimen sino a proteger a la población, pero no hay claridad en la estrategia de cómo combinar esto con un combate al crimen, porque tampoco se puede dejar de hacerlo.

No tengo una opinión muy optimista respecto a los años que vienen. Creo que se van a seguir reproduciendo los círculos de violencia y que Guerrero seguirá siendo un laboratorio de lo que sucede en el país porque tampoco veo que a nivel general se estén haciendo las cosas bien, que significa que se ataquen algunas cuestiones muy puntuales y que podrían hacer un cambio. Por ejemplo, en vez de estos grandes proyectos de una nueva corporación como la Guardia Nacional y desplegarla por todo el territorio, pienso que se pueden hacer acciones más puntuales que pueden cambiar la vida cotidiana de las personas que viven en estos círculos de violencia. Podrían tardar, pero sí repercutirían directamente en la vida de las personas.

CI: Por ejemplo, después de la guerrilla de Lucio Cabañas, luego de que lo asesinaron, durante dos o tres años hubo un proyecto ambicioso en términos de recursos para la entidad. Pero se acabó y ya no se hizo más.

Después vinieron los desastres naturales y otra vez la intervención estatal, que duró un tiempo y después la dejaron. Guerrero debería ser, en el mejor sentido, intervenido por el gobierno federal para hacer una reingeniería de todo tipo para probar que, efectivamente, este país se puede rehacer.

Pero eso no se ve en el horizonte porque, entre otras cosas, Guerrero no forma parte de las prioridades del gobierno actual: de los grandes proyectos de infraestructura ninguno está en el sur profundo, sino en el sureste. Si el objetivo del actual gobierno es ocuparse de los pobres y, a veces, de los más pobres, Guerrero merecería mucho más.

AR: No es muy halagüeño el futuro para Guerrero. Pero ¿dónde ven la esperanza de que su situación cambie?

TS: Pues si no nos ponemos en plan tan negativo, la esperanza tiene que venir de distintos lugares: por un lado, que realmente se pudieran hacer cambios no relacionados con esos grandes proyectos sino otros muy puntuales.

Entre estos, por ejemplo, estaría atacar el tráfico de armas si realmente se empeñaran en llenar los huecos que hay en la normatividad tanto de Estados Unidos (el mayor proveedor de armas para México) como aquí.

Debería haber una voluntad férrea para que el tráfico de armas pueda ir disminuyendo poco a poco, porque las armas son las que llevan a esta terrible violencia que es cada vez peor, más deshumanizada y con potentísimas armas de guerra.

Esa sería una, pero hay otras acciones que se pueden hacer desde los gobiernos y también desde la sociedad misma, porque tampoco hay una oposición demasiado visible contra la violencia que vivimos.

Hablé hace un momento de la normalización de la violencia, pero eso no sólo se da en las comunidades guerrerenses, sino también en todo el país: ya nos acostumbramos a ella. No hay una indignación suficientemente fuerte en la sociedad mexicana que presione a los gobiernos y que pueda empezar a hacer el cambio.

Lo que sí hemos tenido, de repente, son manifestaciones a favor de la paz porque se sintieron amenazadas algunas capas sociales, pero no hay un movimiento integrador en el país que pudiera, efectivamente, empezar a hacer la diferencia para que ya no veamos a la violencia como algo normal, que puede no ser así y que podemos vivir de otra manera.

CI: Yo soy muy pesimista. Creo que la respuesta, en buena medida, debería venir de la sociedad, y otra parte del gobierno federal. De este ya dije las razones por las que no creo que vaya a ocurrir en lo inmediato una intervención en términos de reconstruir la arquitectura, incluso política, de la entidad. Ese habría sido un gran reto de un gobierno que aspirara al cambio: tratar de rehacer un estado que tiene problemas a distintos niveles y hacer un ejercicio de cómo se puede proceder de manera distinta. Eso no lo veo.

En el caso de la sociedad, hay algunas reacciones, como lo que ocurrió con las feministas en Chilpancingo a propósito de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Es una sociedad que debe pasar de la resistencia, que es donde tiene mucha experiencia, a realmente articularse en formas políticas que llevaran a propuestas y a formas de gobierno o de acción alternativas para realmente cambiar el statu quo de la entidad.