viernes 12 abril 2024

“La Escuela es Nuestra”, reprobada

por Rafael Hernández Estrada

Las recientes auditorías practicadas al programa “La Escuela es Nuestra”, que es uno de los programas sociales que manejan los mal llamados servidores de la nación, comprueban que más de 13 mil millones de pesos se gastaron en forma discrecional durante el año 2021, sin que su ejercicio haya partido de un diagnóstico técnico de la situación de las escuelas, sin que las personas a cargo tuvieran los conocimientos necesarios en materia de obras, remodelación de inmuebles, equipamiento de escuelas y sin que el gasto hubiera repercutido en mejores condiciones de estudio para los alumnos de la educación pública, sus maestras y maestros.

Así se comprueba en las auditorías 264 y 265 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó al Programa U282 “La Escuela es Nuestra”. Mediante éste se erogaron ese año 13 mil 549 millones de pesos, destinados al mantenimiento de los edificios en que funcionan las escuelas públicas del país. También se pretendía mantener la cobertura de lo que antiguamente era el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y proporcionar alimentos a alumnos de escasos recursos. 

De entrada, las autoridades descartaron de tal subsidio a unas 150 mil escuelas públicas, pues solo 68 mil fueron incluidas en el programa durante el año señalado. Además, debido a la pandemia, no se hizo erogación alguna para la extensión de los horarios y la alimentación de alumnos.

No se hizo un diagnóstico del estado de las instalaciones, no participaron las direcciones de las escuelas ni el profesorado y, sobre todo, no se contó con la evaluación de personal especializado en obras, mantenimiento y equipamiento de inmuebles. La selección de las escuelas que recibirían el subsidio fue cosa de la estructura electoral del gobierno, burocracia que ha sido señalada en sentencias de los tribunales por hacer promoción personalizada del inquilino de Palacio Nacional y proselitismo a favor de Morena. Es este un primer dato de una danza de los miles de millones de pesos entre la SEP y la Secretaría de Bienestar, pues el Programa U282 depende de la primera, pero son los cuervos de la nación los que en realidad reparten los dineros, lo hacen por conveniencias políticas y con no pocas corruptelas (los Lineamientos de operación del programa los menciona eufemísticamente como “facilitadores autorizados”).

Aunque las tibias recomendaciones de la ASF son inconsecuentes con lo que sus auditores encontraron, los hallazgos de éstos son de escándalo. En la Auditoría 264 quedó establecido que 32 mil de los planteles beneficiados en 2021 también habían recibido el subsidio durante el año anterior, “sin que tampoco se demostraran los criterios o elementos que se consideraron para determinar que las necesidades reales respecto de su infraestructura y equipamiento justificaran la pertinencia de otorgarles nuevamente apoyos”, En varios miles de estas escuelas, ni siquiera se habían comprobado los gastos del ejercicio previo (página 6).

En visitas de verificación, dicen los auditores, se identificó que los CEAP (comités escolares de administración, nombrados con la intervención de los servidores de la nación y que son responsables de la ejecución de los recursos) “no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa, ni en materia de manejo y administración de los recursos”, preparación de la que también carecen los propios vividores de la nación que los debieran asesorar (página 16). 

En la auditoría 265, obsequiosa en cuanto a la planeación del programa,  se puede leer sin embargo que la SEP “no sustentó las actas de integración de los CEAP de los 68,665 planteles beneficiados en 2021”, dado que solo cuenta con expedientes de 4 mil de las 68 mil escuelas (página 33); que la SEP “no acreditó las obras de mantenimiento, rehabilitación o construcción realizadas” (página 37); que tampoco “acreditó las acciones de equipamiento (adquisición de mobiliario, equipo escolar y material didáctico)” y no incluyó el formato del diagnóstico respectivo (página 39); que la SEP “no resguardó los expedientes electrónicos para tenerlos disponibles, como unidad responsable del programa, para el seguimiento, control y evaluación de las acciones realizadas”, los cuales fueron extraviados por los servidores de la nación (página 43); y, en fin, que “no se establecieron indicadores adecuados y suficientes para medir y evaluar el cumplimiento del objetivo general del programa”, que es mejorar las condiciones de estudio de los alumnos inscritos en la educación pública (página 50).

Total, una danza de los miles de millones de pesos gastados para el clientelismo electoral de la 4T, en detrimento de la calidad de la educación que merecen nuestras niñas, niños y adolescentes, que deben seguir tomando clases en inmuebles que empeoran cada día por la falta de mantenimiento.

Cincelada: Ante el veredicto contra García Luna, las dirigencias panista y calderonista dejaron pasar la oportunidad de la autocrítica y de su deslinde de la fallida “guerra contra las drogas”.

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