Las pifias que contienen los nuevos libros de texto gratuitos, el descuido editorial, el carácter amateur de su elaboración y diseño gráfico, han oscurecido dos temas de la máxima importancia en este asunto: 1) la línea de mando de las autoridades responsables de las fallas mencionadas, y 2) el incumplimiento de las leyes educativas y del acuerdo del Plan de Estudios 2022, que ordenan la consulta previa a los protagonistas del proceso educativo y un régimen transitorio para que los estudiantes de segundo a sexto de primaria sigan sus estudios con el plan anterior.
El escándalo de los LGT crece día a día, conforme los especialistas, profesores y padres de familia conocen los textos para los seis grados de educación primaria y las que corresponden al primero de secundaria. Una edición de casi 140 millones de ejemplares con nula revisión de estilo, diseño gráfico de principiantes, errores de contenido en las diversas materias, autoalabanzas de López Obrador y hasta fragmentos de las mañaneras. Todo ello, amalgamado con un batiburrillo ideológico y fraseología hueca que mal encubre la improvisación, la ignorancia y la incompetencia de los responsables de su confección
La nueva Ley General de Educación, que fue promulgada apenas el 30 de septiembre de 2019, vincula los LTG a la observancia de un procedimiento especial para la aprobación del respectivo plan de estudios. Esto es importante porque su artículo 23 obliga a que, en la formulación de planes de estudio, la SEP considere la opinión de los gobiernos de los Estados y los municipios, igual que la de los diversos actores sociales involucrados en la educación (maestras y maestros, padres de familia y especialistas en la materia). Y no se trata de una ley de la “época neoliberal”, sino de una aprobada a iniciativa y por orden de AMLO.
La actual administración proclamó un proyecto educativo al que en forma rimbombante nombró “Nueva Escuela Mexicana” y, conforme a éste, el Plan de Estudios 2022 se publicó en el DOF el 14 de agosto de ese año. Pero, contra lo que se dijo en esa ocasión, el plan no fue consultado previamente con los estados y municipios, personal docente ni padres de familia. Delfina Gómez, entonces titular de la SEP, reservó por 5 años la información de las supuestas consultas, opacidad que fundamenta la hipótesis de ilegalidad de los nuevos LTG.
Además de lo anterior, en la publicación oficial se incluyó un Artículo Segundo Transitorio que señala que la aplicación del Plan 2022 iniciará con la generación que ingrese al primer grado de primaria y secundaria en el ciclo escolar 2023-2024 y que seguirá vigente el Plan 2017 para el resto de los estudiantes. Esto último es el caso de los que cursen de segundo a sexto grado de primaria y de segundo y tercero de secundaria, con sus correspondientes LTG. Esta disposición fue violada al dejar de imprimir y distribuir los LTG que correspondían a los alumnos que cursan los grados señalados y, en cambio, entregarles libros que no son congruentes con el plan de estudios que cursarán.
Un análisis similar al expuesto adoptó la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, quien otorgó la suspensión definitiva en el amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia. La jueza ordenó que “se suspenda la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, y (que las autoridades responsables) se abstengan de continuar con su edición e impresión”, pero López Obrador ordenó a sus subordinados desacatar el mandato judicial.
¿A quién se deben reclamar las innumerables erratas y el carácter ilegal de los nuevos LTG? Obviando a López Obrador, la línea de mando comienza por la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya y su predecesora en el cargo, Delfina Gómez. Junto a ellas, la Subsecretaria de Educación Básica de la SEP, Martha Velda Hernández Moreno.
La responsabilidad más directa de los yerros e ilegalidades corresponde a Marx Arriaga, el Director General de Materiales Educativos de la SEP. Fue él quien autorizó la impresión y distribución de ediciones tan deficientes, apartadas del requisito legal de la consulta previa a la comunidad educativa y que, para colmo, violan el acuerdo de publicación del Plan de Estudios 2022. Pero también hay responsabilidad de Victoria Guillén, titular de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, y de Silvia Valle Tépatl, quien preside la de Mejora Continua de la Educación. Aquella por imprimir LTG impropios y ésta por ser omisa en lo que hace a la capacitación del personal docente que deberá usar los esperpentos.
Cincelada: Al borde del desechamiento, la corcholata preferida incurre en falsedades tan evidentes como que su gobierno brindó seguridad a los capitalinos y que no es una calca de su Amado Líder.
