miércoles 24 abril 2024

Michoacán y su crisis humanitaria

por Ana Lucía Medina

Hace años, salí de Michoacán, el lugar donde nací, no había condiciones de seguridad para que mi familia y yo viviéramos ahí. Después de muchos años, puedo afirmar que, no hay condiciones de seguridad para que mi familia y yo regresemos a vivir ahí.

Mi caso no es tan doloroso como el de cientos de miles de desplazados por el crimen organizado, pocas veces se retrata el horror que viven. El fenómeno del desplazamiento forzado es ignorado, tal vez se pierde entre las notas —cada vez más comunes— de las masacres. Tomemos unos minutos para dimensionar el infierno que viven los desplazados por la violencia.

Propietarios de tierras de cultivo, que de un día para otro las pierden porque las tienen que entregar a los delincuentes o, cansados de pagar cuotas por cada kilo que cosechan, deciden no trabajar más para sus nuevos amos. Otros, no tienen tierras, pero ven comprometidos sus pequeños negocios, sus labores o sus profesiones. Hay lugares donde es imposible subsistir porque las cadenas de distribución de alimentos se ven interrumpidas por los bloqueos y las tomas de caminos, si tienen suerte de que lleguen los productos de la canasta básica, será con los nuevos precios fijados por la delincuencia.

Hay quienes ya perdieron todo, incluso a sus hijos, tal vez asesinados, tal vez capturados por las bandas criminales. Hay quienes, aún tienen a quien proteger… Pero todos relatan que, en un último esfuerzo, se arman de valor para dejar atrás, sus historias, sus casas y sus propiedades, para empezar desde cero en otro lugar, en uno donde no estén bajo el fuego cruzado de los cárteles.

La violencia y diversificación del crimen organizado en nuestro país, han provocado la pauperización de regiones enteras. El infierno de la violencia en México nos obliga a contar los muertos, pero, hay otras cifras, por ejemplo, la de los que sobrevivieron a la violencia y huyeron dejando atrás todo lo que tenían. Ya ni hablar del derecho a la educación, a la salud, al libre tránsito… Los derechos humanos, en estas regiones, son un cuento de hadas.

Muchos se desplazan de uno en uno, en ocasiones se va la familia completa, se van vaciando los pueblos. Cuando la situación de amenaza y desesperación es generalizada, salen cientos de familias en columnas de autos. 

Los desplazamientos masivos en Michoacán no son nuevos, hay registro de ellos desde hace algunos años, recordemos que, en 2019, en un sólo día salieron 5,000 personas de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla. El padre Gregorio López, sacerdote católico y activista social, lleva la cuenta de estos desplazamientos masivos, en su albergue El Buen Samaritano, recibe a muchos de ellos. 

Por supuesto, no hay autoridad alguna que se haga cargo del fenómeno, son pocas las organizaciones de la sociedad civil y centros de estudio, los que hacen el esfuerzo por contabilizarlo y dimensionarlo.

Si hay condiciones, la prensa se juega la vida para documentar el abandono de los pueblos, fotos y videos de la gente partiendo en sus camionetas, no les vemos los rostros, pero podemos imaginar el miedo y rabia en sus ojos al ver, a lo lejos, sus cosechas, sus casas, sus muertos…

En pleno 2023, el registro de desplazamientos es escandaloso, el problema está desbordado en varios municipios, miles de michoacanos están viviendo una crisis humanitaria, nadie los quiere ver. Lo preocupante es que las autoridades observan expectantes.

El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pocos meses después de asumir el cargo, envió un mensaje a los delincuentes, lo hizo públicamente, anunció que dejaría atrás la batalla contra la delincuencia. Envalentonado promovió un cambio en las políticas en materia de seguridad, fuerte y claro denunció que la anterior estrategia, era “una guerra que durante décadas no ha sido más que agravar la situación de violencia”. La declaración podría sonar incluso lógica, si no hubiera sido acompañada de la nueva estrategia, una copia de la implementada a nivel nacional por el presidente López Obrador: “trabajar para atender las causas, como son la pobreza y la marginación…” 

Lo anterior es, en pocas palabras, el anuncio de que la fuerza del Estado no tocará a los delincuentes, con el pretexto de que la violencia provoca más violencia. 

Ramírez Bedolla, quien ganó la gubernatura del Estado de Michoacán en un proceso muy cuestionado, en el que se documentó la clara intervención del crimen organizado para propiciar su triunfo, es el día de hoy, un cándido observador del dominio de los grupos delincuenciales y la guerra por las “plazas” que padecen los michoacanos.

La situación en el Estado se agrava y los desplazamientos forzados aumentan.

Hipólito Mora, fundador de las autodefensas, un grupo armado que se constituyó para enfrentar a los narcos que violaban a las mujeres de los pueblos, les quitaban sus huertas de limón y aguacate, y les quemaban sus casas, murió hace unos días en una emboscada dantesca. El gobernador Ramírez, con una sonrisa en los labios, declaró que Hipólito fue advertido de no salir de la capital del Estado, pero al hacerlo, se arriesgó y esas eran las consecuencias.

La estrategia de no combatir al crimen organizado, ha resultado peor que la que lo combatía, pero además va acompañada de cinismo y sorna. Por momentos, los únicos que levantan la voz para denunciar lo que la población civil vive, son los sacerdotes. Ahora, los desplazados y expulsados, llegan a refugiarse a sus Iglesias.

Sin los testimonios valientes de los sacerdotes como el Padre Goyo o el Obispo de Apatzingán, no sabríamos el horror que viven muchos michoacanos, quienes tiene miedo de hablar. 

En junio de este año, se documentó otro desplazamiento masivo, al menos 800 pobladores de las comunidades Llano Grande, El Alazán, Las Bateas y Tepetate, buscaron refugiarse en la Parroquia del Rosario, ubicada en Apatzingán. El capellán de la Iglesia, afirmó que se trataba de aproximadamente 200 familias, predominando la presencia de niños y adolescentes. Los pobladores de Las Bateas, explicaron que en esa comunidad eran 681 habitantes y que sólo se quedaron cinco familias.

Podemos afirmar, que lo que se vive en regiones completas de Michoacán, es una crisis humanitaria.

Mientras las masacres aumentan, la sofisticación de los cárteles se perfecciona y observamos auténticas acciones de terrorismo, las familias de diversas regiones, viven sus propios infiernos. Pobres y de luto, salen los que sobrevivieron, tal vez algún familiar los reciba, tal vez crucen al norte, tal vez caminen vagando por las ciudades fronterizas, recordando que, alguna vez, vivieron en un lugar próspero, el bello y atribulado Michoacán.

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