miércoles 17 abril 2024

Prisión Preventiva Oficiosa

por Mariana Moguel Robles

Para mi madre, Rosario Robles, en libertad

En este espacio citamos las cifras de la Comisión Interdefensora de Derechos Humanos en Centros Penitenciarios A.C., donde se señala que de las cerca de veintisiete mil personas que se encuentran privadas de su libertad en alguna de las cárceles de la Ciudad de México, al menos ocho mil cien (treinta por ciento del total) son inocentes, pero están recluidas porque se les fabricaron delitos, llevan años esperando sentencia o purgan sentencias excesivas.

Disolución familiar, pérdida del patrimonio y deterioro de la salud son consecuencias que impactan a las familias de las personas que se encuentran recluidas en un penal acusados de algún delito. Un dato importante revelado por la Comisión es que la mayoría de estas personas cuentan con limitados recursos económicos, por lo que no han tenido una defensa adecuada, lo que les ocasiona que sean discriminados en el transcurso de sus procesos.

Por lo anterior, los mexicanos recibimos con beneplácito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie —en específico el ministro Luis María Aguilar— sobre declarar inconstitucional la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO). Recordemos que la reforma al código penal de 2019 amplió el catálogo de delitos por los que, a criterio del juez, puede dictársele esta medida cautelar al imputado, y esto ha tenido consecuencias negativas, sobre todo entre la población que carece de recursos económicos para solventar una buena defensa.

La propuesta de la SCJN de eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa traerá como resultado que un número importante de imputados puedan acceder a la revisión de su medida cautelar y, si el caso lo amerita, el juez la corrija y sustituya por otra que permita al imputado continuar su proceso en libertad. 

He vivido con mi familia en carne propia la desgracia de enfrentar el proceso de mi madre. Hemos sido testigos de las problemáticas de cientos de mujeres que han sido olvidadas por sus familias al interior del penal. Hemos escuchado de viva voz la urgencia de madres de familia, hijas, hermanas, abuelas con testimonios desgarradores sobre la forma en que la adversidad se ensañó aún más con ellas y con sus familias a raíz de su ingreso a la penitenciaría. El desgaste económico, social, emocional es de dimensiones incuantificables.

Es deseable que cada caso sea resuelto de manera particular. Es sabido que los estándares para vinculación a proceso son muy bajos y atentan contra los derechos humanos básicos, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. 

Un dato revelador sobre el tema lo proporciona Héctor Aguilar Camín citando a Luis Eliud Tapia Olivares: “Cuatro de cada diez personas presas hoy en México lo están bajo prisión preventiva oficiosa y justificada. De los 227 mil presos que hay en México cerca de 90 mil lo están sin que se les haya probado la culpabilidad en el delito que los tiene presos”. (La infame realidad de la prisión preventiva, Milenio diario, 25 de agosto de 2022). 

La PPO viola uno de los principios elementales del sistema de justicia penal que es la presunción de inocencia. Por eso es importante señalar que antes de la PPO existen trece medidas cautelares, restricciones o limitaciones temporales de derechos impuestas al imputado en audiencia pública por el juez, a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido.

Estas medidas tienen varios objetivos: asegurar la presencia del imputado en el proceso; garantizar la seguridad de las partes (víctima, ofendido, testigo), y evitar la obstaculización del procedimiento (Artículo 155 del Código Nacional de Procedimiento Penales DOF 17/06/2016). 

Algunas de estas medidas son: la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; la exhibición de una garantía económica; el embargo de bienes; la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; la colocación de localizadores electrónicos, y el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga.

Es preferible fomentar la eficiencia de las fiscalías de justicia, antes que imponer la PPO como una forma fácil para desfogar la demanda de atención ciudadana en materia de justicia. Insisto, es fundamental que los jueces den atención específica a cada caso.

En México aspiramos a que la justicia sea restaurativa, no punitiva. Definitivamente, se trata de que los jueces consideren las particularidades de cada caso, las evalúe y defina el tipo de medida cautelar que corresponda. El tema de fondo es el calvario en que torna el encierro para los más desprotegidos y sus familias: círculos perpetuos que con frecuencia nutren las filas criminales. 

Enhorabuena por la SCJN, por el ministro Luis María Aguilar, y por el ministro presidente Arturo Zaldívar, quien en su visita en días pasados al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla ofreció a las internas revisar sus casos y ver la forma de poder ayudarlas: “Todos los casos son tristes, conmovedores, dramáticos. Trataremos de ayudar en lo que corresponda, revisar aquellos que son revisables”, dijo entonces el ministro. Hoy atisbamos una luz de esperanza. 

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