Recientemente la Cámara de Diputados puso en manos del Poder Judicial las conclusiones del Parlamento Abierto que se llevó a cabo sobre la reforma al citado Poder. Estas conclusiones se entregaron en ese recinto legislativo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano superior del Poder Judicial de la Federación, para su conocimiento, análisis y reflexión. Esto es, para que sepa lo que piensan los que participaron en este foro, sobre la posibilidad de reformarlo.
Pero la verdad, es que el problema del país de nuestro tiempo no solo es de impartición de justicia; sino también de la puntual observancia y aplicación de la normativa para una correcta, oportuna y justa administración pública, así como en el diseño e implementación de las mejores políticas públicas para el bienestar y salud del país. Y aún con esto no es suficiente, pues para lograr lo anterior, primero es menester contar con leyes correctas; planeadas y diseñadas apropiadamente para las necesidades de la nación y de los urgentes reclamos de la sociedad entera; esto es, de leyes pertinentes y justas para que haya justicia.
Y esto implica que desde su elaboración estén bien pensadas en sus contenidos y alcances, así como debidamente ajustadas a la Constitución y a la normatividad que regula el proceso legislativo para su manufactura y aprobación, para una mejor justicia. En otras palabras, que estén bien hechas, fundadas y razonadas, para que tengan plena constitucionalidad, legalidad y aceptación o, como luego se dice en términos coloquiales, “para que cumplan con todas las de la ley”, precisamente para que, desde su origen, haya precisión, claridad, oportunidad y certidumbre jurídica en su preparación, aprobación y en su posterior aplicación.
El que en el Poder Legislativo se hagan las leyes, no les da autoridad ni facultad legal a sus integrantes para hacerlas como quieran y sin respetar los protocolos legislativos correspondientes; esto es, sin la observancia estricta de los procedimientos normativos para su producción. Es más, como hacedores de las leyes, son los primeros obligados a respetar la constitucionalidad y legalidad en este primer peldaño del Poder Público. Para la fabricación y aprobación de leyes también hay leyes y normas que se tienen que cumplir. No porque ahí se hagan las leyes, están exentos de esa normativa. Su acatamiento es obligatorio y no discrecional, así sean los propios legisladores, pues tienen que dar certeza y seguridad jurídica en su hechura para su posterior implementación, a fin de evitar en su creación y en su aplicación, lagunas, errores, excesos y deficiencias constitucionales o legales y, por lo tanto, complicaciones para ponerlas en marcha, así como de constantes y abultadas impugnaciones y juicios que saturan y alentan la impartición de justicia. Es hacer la ley dentro de la ley.
Ningún Poder es perfecto e inmutable. Todos tienen que adecuarse a los nuevos tiempos. Por eso no solo se requiere hacer una reforma al Poder Judicial; sino una reforma total a todo el poder público; demanda político–social que ya viene de tiempo atrás, y que bien lo percibió Luis Donaldo Colosio Murrieta a principios de la década de los años noventa en plena campaña política por la Presidencia de la República. Una reforma del Poder que alcance por igual a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, teniendo como premisa pilar el invariable, apropiado, sano, respetuoso y correcto principio de la División de Poderes.
Hay que hacer una nueva ingeniería del Poder. ¿O a poco se está pensando que los demás Poderes están muy bien; impecables y pulcros en su organización y en el correcto ejercicio de sus funciones; esto es, en inmejorables condiciones de legislación y gobierno, y que solo el Poder Judicial es el que está muy mal? No, está a la vista la descomposición del poder en general. Véase como “por todos lados brinca la liebre”, como dice el pueblo. En la procuración e impartición de justicia; en la incorrecta y viciada elaboración y aprobación de leyes y en la debilidad de los diseños, implementación y eficacia de programas y de las políticas públicas.
Ni uno ni otro puede hacer lo que quiera y como quiera, como tampoco estar por encima y menos avasallar a los otros en el plano de una plena independencia y equilibrio en la educada colaboración de los Poderes Públicos. Todos deben ajustarse estrictamente a la norma para que tengan el atributo de la colmada constitucionalidad y legalidad. Es obligación de todos respetar invariablemente esa cementada edificación del Estado de Derecho, como estadio superior de civilización y cultura en la conjunción constructiva, armónica y saludable de Estado y Derecho; en nuestro caso, del Estado Mexicano.
Reformar al Poder no significa concentrar más poder por parte de alguno de los Poderes Públicos. Es atemperarlos, balancearlos, eficientarlos y humanizarlos en beneficio del país. No hacerlo así, va en perjuicio del pueblo y del país, y estorba para avanzar hacia una mejor democracia.
Hay que reformar a todo el Poder Público poniendo mayor énfasis en todas aquellas aristas controvertidas y sensibles que se viven. Y en esta urgente reforma estructural del Poder, también deben quedar incluidas las instituciones consideradas constitucionalmente autónomas que han probado fehacientemente su necesaria presencia, utilidad y eficiencia, pero que presentan debilidades en su organización para su mejor e ininterrumpido funcionamiento, con el objeto de armonizar apropiadamente a todo el Poder Público en su conjunto.
Pero cuando hablamos de la reforma del Poder, no nos estamos refiriendo solo al Federal, sino que, para que éste sea integral, también debe comprender a los estados y municipios, de tal suerte que esté mejor distribuido y balanceado igualmente en su espacio territorial, para tener un auténtico federalismo, así como entre estados y municipios en su régimen interior. Si los estados son las partes que componen el ente mayor, que es el Estado Federal; es decir, los miembros que lo forman, ya que no son anexos o fojas adicionales o complementarias del mismo; luego entonces los estados y municipios deben jugar un papel más decisivo en la conformación Federal, con el fin de fortalecer más y mejor a la Federación Mexicana. Las entidades federativas no pueden permanecer en una situación de sometimiento y a voluntad de los designios centrales en muchas de sus líneas. En una Federación verdadera, no puede haber entidades federadas minusválidas que, por esta condición, sean dependientes de la buena voluntad del centro. Deben tener una mejor y pujante vida propia; de tal suerte que en congruencia con esa trilogía político constitucional, como dice la Constitución general del país, sean realmente libres, independientes y soberanos dentro de la permanente unidad nacional.
Las amenazas históricas hicieron que nuestro país, razonada, justificada y obligadamente, en su momento pusiera un mayor acento en la instauración de un vigoroso gobierno federal central en muy diversos rubros. Pero ahora ya no es el tiempo de ese centralizado federalismo el que necesita el país. Superadas las amenazas de la seguridad nacional externa, ahora es tiempo de que potenciemos al Federalismo para que avancemos a un Federalismo superior, donde se les dé una mayor vida a las entidades federativas, con una más justa presencia, participación y voz activa en el Sistema Federal. En contadas palabras, reformar al Poder, es Reformar al Estado Mexicano. Esto amerita una seria reflexión, con verdadera conciencia patria y con autentica visión constructiva de proyección democrática del país, siempre pensando en estadios superiores de vida federada democrática.
Pero para hacer una reforma de esta magnitud, se necita definitivamente de legisladores de a deveras. De legisladores profesionales, responsables, serios, preparados, con alcance de miras y preocupados verdaderamente por el país para una tarea y encomienda de esta envergadura, y que no solo miren por el interés de una facción o partido político de pertenencia. Esto es, que al margen de la etiqueta partidista que tengan, sean legisladores ciudadanos, pues ahí, en el Poder Legislativo, empieza a tejerse la edificación del país mediante la producción de todo el marco legal que lo sostiene. Es por esta razón, que éstos vienen a constituirse en los genuinos arquitectos del país.
Por eso la sociedad ahora quiere legisladores estadistas. Que ya no estén anclados y reducidos a pensar, sin variación alguna, solo en la pura política. A quienes conservan una mentalidad puramente política, sin ninguna dosis estadista, les está llegando el tiempo de pasar a formar parte de las reliquias políticas del pasado. El país necesita una nueva generación de políticos, pero no obligatoriamente física; es decir, biológica, sino de mentalidad y de actitud abierta.
Gobiernos, poderes y leyes que no sirven a la gente y al país, no sirven; y es en lo que realmente debería abocarse toda la clase política sin exclusiones, al igual que con el definitivo acompañamiento de los ciudadanos para corregirlo, pues el Poder Público, la Democracia, el Estado de Derecho y el Bienestar Social son tan importantes para la vida del país, como para dejarlo solo en manos de los políticos.
Por eso esta reforma del Poder, para que esté completa y debidamente consensuada y legitimada, también debe pasar por la presencia, participación y voz del poder ciudadano, y no solo por el segmento de los políticos. La sociedad ya no quiere que el Poder Público solo sea monopolio de los políticos. Ahora quiere que pase por el filtro ciudadano para reconstituirlo ante el deterioro que ha sufrido con el tiempo. Exige la inclusión de la sociedad civil para oxigenarlo, con el objeto de mejorar la vida y el bienestar humano, y alcanzar la felicidad, si no de la totalidad como lo sería en un Estado ideal, por lo menos sí de la gran mayoría de los mexicanos.
Ya no es tiempo del país de un solo hombre como históricamente lo ha sido, sino ahora el de los mejores; el de los más capacitados en cada ramo de toda la esfera pública con la formación de gobierno de coalición constituidos no solo con perfiles o marcas puramente partidistas, sino en los cuales debe estar necesariamente incluida la sociedad civil, de tal suerte que los oxigene y les dé un rostro ciudadano y más humano. Tener a los mejores, eficaces y experimentados. En pocas palabras, contar con talentosos gobiernos para vivir mejor.
