Los concesionarios de radio y televisión se relamen los bigotes con la contrarreforma electoral de AMLO. Favorecidos desde hace dos años por López Obrador, quien les condonó mediante decreto una parte del tiempo fiscal, los dueños de Televisa, de TV Azteca y demás concesionarios, presionan para que se elimine por completo el modelo de comunicación política. El modelo vigente desde 2008 garantizó el acceso equitativo a los medios de radiodifusión abierta para todos los partidos y candidatos, cosa que la contrarreforma quiere limitar al grado de la reprivatización de la publicidad electoral en México.
Un INEC barato que sustituya al INE es el pretexto tras el cual están las verdaderas intenciones de López Obrador, que son el poner al órgano electoral bajo el control de su grupo político, sustituir la autonomía por la subordinación, el profesionalismo por el chambismo, el rigor técnico por la improvisación y, en lugar de la imparcialidad gubernamental, el respaldo descarado al partido color sangre. La destrucción del INE traspasará el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación, en una regresión a los tiempos en que el gobierno repartía o negaba las tarjetas electorales a su conveniencia y cuando hasta los difuntos votaban por el partido oficial.
Pero, además de lo anterior, los concesionarios de radio y televisión ven en la contrarreforma la oportunidad de quitarse de encima la obligación del impuesto denominado “tiempo fiscal”. En anteriores entregas de esta columna me referí al origen y composición de los tiempos oficiales en radio y TV, así como su utilización para que los partidos y candidatos tengan acceso igualitario en las campañas electorales (portal de Etcétera, 21/05/2022). Expuse que los tiempos oficiales se componen del tiempo del Estado (30 minutos diarios de transmisión en cada canal de TV y estación de radio), más el llamado “tiempo fiscal”, que los gobiernos de distintos partidos han ido menoscabando para congraciarse con el oligopolio televisivo.
Originalmente, el impuesto a los concesionarios los obligaba a pagar al Estado el 25% de sus ingresos publicitarios. En 1969, Gustavo Díaz Ordaz “facilitó” el pago para que se hiciera en especie, con el 12.5% del tiempo de transmisión (unos 135 minutos diarios). En 2002, con otro decreto, Vicente Fox obsequió a las empresas radiodifusoras con una nueva rebaja, pues de aquellos 135 minutos diarios solo dejó 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio.
Se recordará que los tiempos oficiales se utilizaron por sucesivos gobiernos en horarios de baja audiencia o en tiempos muertos (el Himno Nacional a la medianoche y documentales durante las madrugadas), de manera que afectara lo menos posible la compra-venta de publicidad electrónica.
La reforma político-electoral de 2008 estableció un nuevo modelo de comunicación política consistente en tres cosas: a) Acceso gratuito de todos los partidos y candidatos a la radio y la televisión, en condiciones de equidad, b) Quedó prohibida la contratación de propaganda política, y c) La propaganda gubernamental debe suspenderse durante las campañas electorales.
Para lograr el primer punto, los redactores de esa reforma idearon una mejor utilización de los tiempos oficiales (me cuento entre ellos, pues participé directamente en la mesa de negociación). Se determinó así que, durante las campañas electorales, 48 minutos de los tiempos oficiales diarios se distribuyeran entre los partidos y sus candidatos de tal modo que, desde entonces, todas las fuerzas políticas han tenido acceso gratuito a los medios masivos de comunicación, incluso en los horarios de la más alta audiencia.
El modelo de comunicación política se aplicó en todas las elecciones que se realizaron desde 2008 hasta 2022. Fue uno de los factores que facilitaron la alternancia de partidos en las alcaldías, gubernaturas, el Congreso de la Unión y la propia Presidencia de la República. Pero, ya que está en el poder, a AMLO dejó de gustarle el modelo que aprovechó mientras estuvo en la oposición. Ha seguido los pasos de Díaz Ordaz y de Fox (hasta se plagió la redacción de sus respectivos decretos en esta materia), para reducir los tiempos oficiales en radio y televisión vía condonación fiscal, además de que ha violado en forma reincidente la veda electoral.
La iniciativa de contrarreforma electoral de AMLO reduce de 48 a solo 30 minutos diarios el tiempo de transmisión que quedaría a disposición de la autoridad electoral, a la vez que suprime la prohibición de contratar publicidad política en radio y TV. “Si los partidos quieren publicidad, que la paguen al precio de tarifa política”, afirman los concesionarios y se reservan el derecho de vender spots o bonificarlos a sus candidatos preferidos, así como el de negárselos a sus oponentes. Además de quedar bien con el oligopolio televisivo, que ocupa lugares privilegiados en su Consejo Asesor Empresarial y en las asignaciones directas de contratos gubernamentales, el presidente quiere aprovechar la ocasión para “regularizar” las violaciones constitucionales en que incurrió durante estos años, a través de una reforma que en adelante permita la propaganda gubernamental durante las campañas y hasta en plena jornada electoral.
Cincelada: Mis felicitaciones a Marco Levario, Alejandra Escobar y a todo el equipo de etcétera por la reaparición del número impreso y ¡que sean muchos, muchísimos más!
