miércoles 28 febrero 2024

El retorno de los brujos

por Pedro Arturo Aguirre

Hace unos días la Oficina Federal para la Protección de la Constitución anunció que pondrá bajo estricta vigilancia al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) por presuntas vulneraciones del orden constitucional democrático. Esta información debería ser irrelevante incluso para los propios alemanes. Vigilar y, en su caso, sancionar a grupos extremistas es práctica común y está contemplado por la Constitución desde la fundación de la República Federal en 1949. De hecho, algunas organizaciones y partidos han sido proscritos en el pasado por ser considerados un peligro para la democracia. Se procura evitar, así, a como dé lugar cualquier posibilidad de resurgimiento del nazismo. Sin embargo, la AfD no es simplemente un montón de hooligans o skinheads. Se trata de la tercera fuerza política en el parlamento (Bundestag), obtuvo el 12.6 por ciento de votos en las elecciones generales de septiembre del 2017, más que el Partido Verde y los liberales, y -por tanto- constituye la principal oposición del gobierno de coalición democristiana/socialdemócrata que dirige Angela Merkel.

La Unión Europea está atosigada por una proliferación de fuerzas de extrema derecha que han ido ganando terreno electoralmente en los últimos años. Este crecimiento plantea un grave dilema a los partidos tradicionales sobre qué hacer ante el nuevo protagonismo de la ultraderecha, la cual siempre han existido pero su anterior irrelevancia permitía despreciarla olímpicamente. Ahora, con el auge de los populismos de derecha, los ultras han alcanzado la posibilidad de ser actores poderosos y su tendencia sigue siendo al alza. En algunos casos, los demócratas han optado por levantar un “cordón sanitario” contra los extremistas e impedir su participación en cualquier gabinete o coalición de gobierno. ¡Cero colaboración con ellos! Sucedió, por ejemplo, en 2002 durante la segunda vuelta de la elección presidencial francesa, cuando se le aplicó el cordón sanitario a Jean-Marie Le Pen, a la sazón líder del Frente Nacional. Entonces todas las fuerzas a izquierda y derecha del escenario se unieron en un “frente republicano” contra el extremista. Las razones de recurrir a cordones sanitarios son programáticas porque las propuestas de extrema derecha son incompatibles con un sistema democrático e inaceptables en cualquier catálogo mínimo de respeto a los derechos humanos. Pero los ultras han cobrado fuerza en casi todas las naciones europeas y aunque la idea de mantenerlos asilados sigue vigente en algunos casos (sobre todo en Alemania), el desgaste de los partidos tradicionales está dificultando la aritmética de coaliciones por todos lados. Es por eso que en un número cada vez más grande de casos se ha optado por un criterio distinto. La presencia de los extremistas ya es irrefutable y también es demasiado grande la tentación de aliarse con ellos para obtener el poder.

Manifestantes ultra-nacionalistas se manifiestan en Kiev en octubre de 2018 en una imagen de archivo Genya Savilov / AFP

Ahí entran las dudas sobre qué camino recorrer. Para muchos analistas, en Alemania o Francia el cordón sanitario no sirvió de nada a la hora de frenar el crecimiento de estos partidos. Se quedaron fuera de las instituciones, sí, pero siguen teniendo una gran aceptación en las urnas. Por eso conviene entender en cada caso cuál es la fuerza real de los extremistas, qué implica política e institucionalmente aplicar el cordón sanitario y calcular la forma de cómo ésta medida sería recibida por la ciudadanía, porque si no se corre el riesgo de poner a los ultras en centro de toda la atención política. En Austria, España, Italia, Finlandia o Bulgaria se han dado las primeras “regularizaciones” de los partidos populistas de derecha, e incluso en algunos casos forman parte del ejecutivo, como ha sucedido en Austria e Italia. En otras naciones se vislumbra una posibilidad cada vez mayor de hacerlo, como en España. Ahora bien, mucho más relevantes son los casos de partidos extremistas xenófobos que ya gobiernan, y de forma cada vez más autoritaria, en Polonia y Hungría. De hecho, también esta semana fue expulsado del Partido Popular Europeo (la alianza de partidos de centro derecha del continente) el Fidesz, del primer ministro húngaro Viktor Orbán, por considerar su retórica antiinmigracionista y sus agresiones a la independencia judicial y a la libertad de expresión atentatorias contra la democracia.

¿Mantener la opción del cordón sanitario es realmente útil? Sus riesgos no son nada despreciables. Puede interpretarse como un mensaje despectivo a los votantes de estas fuerzas, dándoles a entender que su voto es “inmoral” o “políticamente incorrecto”, cuando ellos pueden tener una diversidad de motivos diversos y legítimos. Con el cordón sanitario se corre el peligro de reafirmarle a los sectores que votan extremistas la sensación de que las élites tradicionales pretenden monopolizar el poder ad eternum. Cabe preguntarse qué tan válido es deslegitimar las inquietudes y demandas de los sectores que optan por el llamado “voto de protesta”. Cada vez que se aísla a los ultras porque sus ideas no son “correctas” o sus medidas políticas no son “sensatas”, los partidos tradicionales pretenden establecer a las suyas como las únicas soluciones válidas. El resultado es un incremento de la desconfianza entre gobernantes y gobernados y, a final del día, reforzar a los partidos que se nutren del voto del desencanto. Por tanto, para algunos es mejor considerar a los ultras opciones “normales” y legítimas para ser socios de gobierno y confiar, así, que el peso de la responsabilidad gubernamental y las dinámicas institucionales hagan mella en su discurso radical y suavicen sus posturas. Todo esto puede terminar por debilitarlos como opciones políticas. Así sucedió, por ejemplo, en Finlandia, donde el partido antiinmigracionista de los Verdaderos Finlandeses se partió a la mitad entre los que querían seguir apoyando al gobierno y los antisistema a ultranza. En Italia, la Lega de Matteo Salvini ha pagado un alto costo en popularidad por su participación en el gobierno. Pero en Austria, Holanda y otras naciones no ha sucedido lo mismo y, de hecho, hay varios ejemplos de que la presencia de los extremistas en coaliciones de gobierno se ha traducido en una continua pérdida de derechos, ya sea por su presencia directa en la administración o porque han influido en la agenda política de los partidos tradicionales.

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