sábado 25 mayo 2024

San Miguelito en la “mañanera”

por Rafael Hernández Estrada

Los depredadores urbanos tienen casi todo listo para sus proyectos inmobiliarios a costa del medio ambiente de San Luis Potosí, pues el gobierno de la 4T sustraerá 1,805 hectáreas del decreto de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito. Ello provocó las protestas de defensores del medio ambiente, a quienes el Presidente de la República ya denunció, faltaba más, como parte del “complot neoliberal”. De paso, embistió en la sección “¿Quién es quién en las mentiras?” al columnista de La Jornada, el potosino Julio Hernández López.

La creación de un área de reserva ecológica que proteja a la Sierra de San Miguelito es una demanda que desde hace muchos años enarbolan los ecologistas de San Luis Potosí, particularmente en lo que se refiere a la Cañada de El Lobo, que es una zona en los límites de la mancha urbana de la capital potosina que es ambicionada para sus pingües negocios por el cártel inmobiliario que allá opera. La preservación de la zona serrana es vital en la sustentabilidad de aquella urbe por su función en la captación y provisión de agua potable y la prevención de inundaciones durante las escasas temporadas de lluvias.

Pese a ello, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha dado un decidido apoyo a las inmobiliarias interesadas y, con la anuencia y promoción del gobierno municipal de la capital potosina (encabezado por el ex candidato de Morena a la reelección, Xavier Nava), avanzó en el decreto de Área Nacional Protegida, pero excluyendo del polígono de protección a las mencionadas 1,805 hectáreas. En lugar de quedar protegidas, éstas serán destinadas al uso de suelo urbano.

El actual gobierno ha operado este lance en forma similar al de Vicente Fox, cuando se permitió a una minera canadiense la devastación del Cerro de San Pedro, arguyendo que así lo decidieron los ejidatarios. Quizá esta comparación calentó los ánimos presidenciales y, el miércoles 21 de julio, el huésped de Palacio Nacional dio su versión de este asunto. En la sección de la “mañanera” que dedica a su ejercicio de chismografía, enfocó las baterías en contra del columnista, quien fue señalado por uno de sus artículos y sus mensajes de Twitter. A través de su vocera, López Obrador afirmó que la Semarnat ha liderado un proceso para lograr la protección al medio ambiente y la justicia social (¡órale!) e instó al periodista a “apegarse a un principio de verdad y a no difundir o compartir información tendenciosa, falsa y que sólo busca crear confusión en las audiencias”. Es decir, el tecleador fue acusado y sentenciado de un jalón por el Ministerio de la Verdad.

Con una reserva de criterio propio, que lo ubica dentro de una minúscula franja de opinadores proclives a la 4T distinta de los aplaudidores incondicionales del oficialismo, al también conocido como Astillero le fue concedida la gracia de su réplica a los ataques, por lo que se anunció que participará en una próxima conferencia presidencial.

Interesante disyuntiva se presentará ahí: si el presidente acepta la falla y ordena corregirla, el ecologismo se acreditará un triunfo y deberá ser destituida María Luisa Albores, la titular de la Semarnat (ya antes removida de la Secretaría de Bienestar). Pero si, pese a las evidencias, el presidente niega los hechos, se afectará gravemente la sustentabilidad de San Luis Potosí y el gobierno de la 4T quedará exhibido, una vez más, como protagonista de la depredación medioambiental. (Una variante de esta segunda posibilidad será la simulación del tipo de: “Giré instrucciones para se atienda la denuncia”, “La Semarnat presentará un informe pormenorizado”, “Gracias, señor presidente, por permitirme la réplica”).

Cincelada: Con desánimo marcha la Consulta Popular 2021. Condenada al fracaso, apenas servirá para evaluar la capacidad del acarreo cuatroteísta. Veamos.

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