Lejos de erradicar la corrupción judicial, respetar los principios de independencia, imparcialidad y autonomía en la impartición de justicia, la llamada 4T reprodujo y prohijó la corrupción desde lo más alto del Estado, avasallando en el camino al Poder Judicial y continuando con la boyante industria de la extorsión en los juzgados. Con la ligereza que acostumbra para hacer pasar como normales conductas que son delictivas, fue el propio Presidente de la República el que confesó su intromisión en asuntos del Poder Judicial y reveló que Arturo Zaldívar era su correveidile mientras ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Efectivamente, en su deposición matutina del 21 de febrero de 2024, López Obrador descubrió a Zaldívar al referir que, cuando éste presidía el Poder Judicial, “se hablaba con él y él hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto”. Es decir, el gobierno dictaba a su conveniencia lo que los jueces debían resolver en los asuntos que estaban a su consideración.
Tal operación, violatoria de la ley y de las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia, estaba a cargo del entonces presidente de la SCJN. El 12 de abril trascendió que el Consejo de la Judicatura Federal abrió una investigación contra el exministro Arturo Zaldívar, exfuncionarios que integraron su equipo cuando presidió la SCJN y contra el exconsejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
La denuncia, que falsamente se ha tildado de anónima, señala a Zaldívar porque en su desempeño al frente de la SCJN vulneró la autonomía e independencia de los jueces y magistrados para “satisfacer intereses personales y de terceros”, violó el principio de imparcialidad e incurrió en los delitos de abuso de funciones y tráfico de influencias.
Denuncias presentadas por diversos juzgadores federales señalan al imputado porque prometía “beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero” para que se ajustaran a sus instrucciones y a las del gobierno, Al mismo tiempo, los amenazaba con “cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
El acuerdo de inicio de la investigación señala a Carlos Antonio Alpízar Salazar como el operador de las consignas de Zaldívar, así como a Julio Scherer, quien se ostentaba como el portavoz de las indicaciones de AMLO. El primero ocupaba el cargo de secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura (nombrado por el propio presidente de la SCJN), en tanto que el segundo era el poderoso Consejero Jurídico de la Presidencia, a quien López Obrador dio amplias facultades para actuar. Ambos perdieron esas posiciones, pero siguen inmunes a toda sanción. Alpízar incluso ocupa un alto cargo en la Secretaría de Gobernación.
Investigaciones periodísticas previas han aportado datos sobre la justicia puesta a subasta y subyugada a las consignas del grupo en el poder. Entre ellas, se puede mencionar incluso el libro Traición en Palacio del publicista de la 4T, Hernán Gómez Bruera. Aunque este periodista afirma que AMLO no era partícipe de tales enjuagues, en su investigación se desentrañan casos en los que se vendieron las sentencias a cambio de millonadas de pesos. Se trata de casos tan relevantes que no podían ser ignorados por el presidente.
Otra investigación periodística en la que Zaldívar quedó evidenciado en conductas tipificadas como delitos contra la administración de la justicia, es la de Yohali Reséndiz, quien reveló la cuenta secreta en la que Arturo Zaldívar recibió pagos de 300 y 600 mil pesos a cambio de gestiones judiciales ilegales.
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