El año que terminó deberá ser una lección en más de un sentido y en diferentes aspectos esenciales de la vida pública. Muchas discusiones necesarias se detonarán en torno al sistema de salud pública y la desigualdad social y económica imperante, el funcionamiento a distancia de la administración pública, la recopilación y uso de datos personales para monitoreo de contagios, entre otros. Un ámbito particular que seguirá provocando álgidas y apasionadas disputas es el derecho a la libertad de expresión a partir de varias problemáticas que, es cierto, ya estaban presentes previo a la pandemia pero se agudizaron este año.
Los problemas de eficacia estatal en el respeto, garantía y protección de la libertad de expresión se profundizaron en siete frentes:
1.– Desinformación desde fuentes gubernamentales y privadas. Para la libertad de expresión el gran reto a nivel global fue acometer social y políticamente la llamada “infodemia”. El problema de la desinformación merece profundos y variados esfuerzos de los sectores social, privado y público para evitar la vulneración intencionada de derechos debido a intereses políticos, económicos e ideológicos en disputa. La desinformación se presenta, en un marco intra y extra COVID 19, como una herramienta eficaz de gobiernos y poderosos grupos de interés para manipular la narrativa y perfilar ciertas acciones (o inacciones). Hoy día las redes sociodigitales muestran de manera diáfana la disputa encarnizada por la verdad, bajo la cual la atención de la pandemia se convierte en un tema inexorablemente político. En este sentido, funcionarios de distintos niveles son parte del problema proveyendo información sesgada o a medias y, por supuesto, acusando a sus críticos de ser quienes desinforman.
2.– La violencia contra la prensa. Ya 2020 perfila como el año más violento contra las y los periodistas del que tengamos memoria. Desde ARTICLE 19 registramos 406 agresiones contra la prensa el primer semestre, una cada 10.75 horas. Eso implica un aumento del 45 por ciento respecto al mismo periodo del 2019. Casi la mitad de ellas (199) fueron cometidas por servidores públicos de los tres niveles de Gobierno. La impunidad mantiene un nivel caso absoluto, 98.5 por ciento de los casos de crímenes contra la libertad de expresión no llegan a sentencia. En 2020 fueron asesinados, cuando menos, 6 periodistas en razón de su labor periodística. Otros 50 murieron a causa de la COVID 19 evidenciando la precariedad laboral que enfrenta buena parte del gremio en México.
3.– Censura en Internet. Paradójicamente el movimiento político que en buena medida llegó al poder gracias a las “benditas redes sociales” es el que más ha tratado de imponer medidas censoras en el campo digital. La más alarmante de todas es, sin duda, la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal so pretexto de la armonización de nuestra legislación con el T-MEC. Ahora basta que alguien alegue una vulneración a sus derechos de autor sin tener que demostrarlo para que contenidos legítimos en internet sean bajados. El mecanismo se conoce como “notificación y retirada” y es una copia al carbón del existente en la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de los Estados Unidos que ha demostrado ser una herramienta de censura, incluso para medios digitales mexicanos y latinamericanos como lo expusimos ARTICLE 19 y la Cyber Law Clinic de Harvard en el informe “Acceso denegado”.
4.–Exclusión en el derecho a la información. Ya exponíamos en este espacio los grandes obstáculos que enfrentan poblaciones en situación estructural de exclusión para acceder a la información pública. Particularmente en el contexto del COVID 19 la información desde instancias de Gobierno para pueblos y comunidades indígenas ha sido poco accesible y pertinente de acuerdo a su cultura. Ello tiene como telón de fondo otra faceta de la discriminación estructural que se materializa en el acceso limitado a Internet (Brecha digital) siendo éste el ámbito donde primordialmente se difunde información pública. Además es poca la información que se traduce a lenguas indígenas o la que se traduce se hace en pocas lenguas originarias.
5.– La protesta social es feminista y ha sido reprimida. La represión a la protesta social no se hizo esperar durante estos meses de confinamiento. En el marco de las protestas feministas detonadas por la espiral de violencia feminicida se evidenció que desde diferentes gobiernos, con diversos signos político-ideológicos se emitieron discursos oficiales que estigmatizaron a las manifestantes, lo cual fue el preámbulo o la justificación de la represión. En el camino se ejerció violencia policial contra observadoras y periodistas que cubrían las protestas en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Quintana Roo, por mencionar algunas. De hecho en Cancún se llegó el extremo de utilizar armas de fuego contra manifestantes y periodistas por parte de la policía. No sobra decir que a todos los actos de uso abusivo y desproporcionado de la fuerza les sigue una impunidad rampante.
6.–Publicidad oficial: inédita austeridad, misma discrecionalidad. También expusimos otra problemática relacionada con el ejercicio del presupuesto de publicidad oficial a nivel federal y local. La Ley General de Conunicación Social, ese bodrio aprobado en abril de 2019 por el Congreso de la Unión para no amarrarle las manos a la clase política y poder gastar a discreción dinero público para amordazar medios de comunicación, estaría bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año. Derivado de las medidas de contingencia sanitaria y los ajustes al interior del Tribunal más alto de este país, se bajó de la lista de asuntos a discusión y ya no apareció después de marzo. Mientras tanto, el gasto de publicidad oficial se sub-ejerce pese a la necesidad de más y mejor comunicación oficial. También el gasto se distribuye sin criterios claros y objetivos, concentrando el 43 por ciento del mismo en 10 medios de comunicación.
7.– Un derecho a la verdad constreñido. La atrocidad del pasado (Guerra Sucia) se une a la del presente (guerra contra el narcotráfico). Más de 77 mil desapariciones en los últimos 14 años, cientos de miles de asesinatos, incontables actos de tortura que se suman a la lista de agravios acumulados por la violencia estatal ejercida contra disidentes políticos y movimientos sociales en las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y noventa. Avances significativos se ha dado en el reconocimiento público de la atrocidad, pero poco o nada en el ámbito de la justicia y el esclarecimiento de la verdad. Al mismo tiempo las instancias de protección de víctimas (CEAV) y derechos humanos (CNDH) penden de un hilo ante la cooptación política y recortes presupuestales. La consulta para enjuiciar a ex presidentes, controversial y polémica por la condicionante plebiscitaria al derecho a la verdad y la justicia, abre un nuevo camino para discutir sobre las comisiones de la verdad. Poco se puede esperar a la luz del amasiato del Gobierno actual con el Ejército, institución que tiene muchas cuentas que rendir.
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