La iniciativa presidencial de desaparecer, fusionar y compactar 18 entidades federales provocó el tajante rechazo de más de 500 Organizaciones no Gubernamentales.
La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a diversas leyes para desaparecer 18 órganos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Federal con la finalidad de generar “ahorros”.
En reacción, más de 500 ONG emitieron un comunicado de prensa para oponerse a la medida, ya que implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que desaparecerían, entre otros, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
Según AMLO, no es necesario que existan organismos independientes con estas funciones, ya que las labores pueden ser realizadas por dependencias del Poder Ejecutivo que absorban la función y así, generar ahorros.
Las organizaciones firmantes aseguran que “no hay ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar este recorte institucional”.
Señalan que, muy al contrario, todos los organismos deben ser fortalecidos, porque abordan los problemas de poblaciones “ampliamente vulneradas”.
Fusionarlas con dependencias gubernamentales ataca su autonomía e independencia y disminuye la transparencia y rendición de cuentas en distintos niveles.
Por ello pidieron a los diputados que impidan que esta iniciativa sea aprobada.
Recordaron que estas instituciones son producto de la lucha de años de anteriores legisladoras y legisladores para avanzar en la defensa de los derechos de las infancias, de las personas necesitadas de refugio o por la situación de los jóvenes.
“Muchas personas que hoy son legisladoras y funcionarios federales, aprobaron y lucharon en años antgeriores por la creación y el desarrollo de estas instituciones, conscientes del gran valor social que general. Lucharon por la igualdad de derechos de las niñas y contra sus violencias, por el derecho al refugio de personas en peligro de muerte o por mejorar la gravísima situación de las y los jóvenes. Por eso dichos organismos fueron aprobados por consensos partidistas y con amplia participación ciudadana, en cumplimiento de obligaciones legales de derechos humanos del Estado mexicano”.
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La compactación propuesta por AMLO dejaría en la indefensión a muchos grupos vulnerables, dijeron.
Se recordará que el presidente ha dicho en muchas ocasiones que desconfía de la “así llamada sociedad civil”, y que no tiene ningún sentido que desde las ONG realicen labores de altruismo y filantropía porque ya existe el gobierno y además, solo lo hacen de manera simulada para robar y encubrir la corrupción.
“Poner en riesgo la existencia y el funcionamiento de estos organismos anularía muchos procesos de la democracia participativa por los cuales miles de organizaciones ciudadanas y personas han luchado por décadas”, enfatizaron.
Agregaron que sienten gran preocupación por la parálisis del INAI, “a causa del incumplimiento del Senado de la República de su obligación legal de nombrar a tres personas comisionadas, sin las cuales no existe el quórum legal para sesionar en pleno”.
“Quienes firman este comunicado convocan a la movilización y a la exigencia para defender a las instituciones que protegen los derechos de todas y todos”, añaden.
Esta iniciativa de ley propone la fusión o desaparición del Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto Nacional de la Economía Social; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; la Dirección General de Publicaciones; y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
Además, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y adolescentes; el Servicio de Inspección y Certificación de Semillas; el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura; el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.
La iniciativa dice que se trata de “racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal con el fin de eficientar el uso de recursos públicos” y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente.
Es decir, busca generar más ahorros.
Llama la atención que esta compactación se dé a pocos meses de dos procesos electorales de gran relevancia y a un año y medio de las elecciones presidenciales de 2024.
Las reformas a los ordenamientos impactan a unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y descentralizados y fideicomisos cuyas funciones el gobierno considera duplicadas o segmentadas de manera “innecesaria”.
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