La propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para crear una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incrementar a 16 el número de ministros, constituye una amenaza a la independencia del Poder Judicial y a los contrapesos y equilibrios necesarios para un verdadero estado de derecho.
En un desplegado firmado por diversas organizaciones civiles como Fundar, Causa en Común, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Designaciones Públicas y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, entre otras, consideraron que el planteamiento es una estrategia del partido en el poder para colocar perfiles afines en el máximo tribunal del país y así hacerse del control de este órgano.
Si bien existe una coincidencia en la necesidad de combatir frontalmente la corrupción, para las asociaciones suscribientes no es alternativa la propuesta de Morena y advierten en ella varias consecuencias negativas, como la reinstauración del régimen de partido único en donde una sola fuerza política tendrá en sus manos la decisiones para la conformación de los organismos autónomos, en detrimento de la independencia que éstos deben tener; asimismo, no se basa en diagnósticos sino en intereses políticos, además de que iría en contra del discurso de austeridad promovido desde el gobierno federal.
“La motivación fundamental de la iniciativa es el ahorro de recursos monetarios consistente con la austeridad republicana. No obstante, no existe evidencia alguna de que una iniciativa de esta naturaleza contribuya a dicha austeridad, pero algunos antecedentes internacionales demuestran que cómo medidas de este tipo terminan minando la independencia de la justicia y con ello, la salud republicana”, indica el documento.
Por último, plantearon que la reforma incluso podría cambiar la naturaleza de la Suprema Corte, ya que es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la mayoría de los de corrupción. Por lo mismo, hicieron un llamado a los senadores a no aprobar la reforma, a fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción e impulsar cambios que apuntalen la independencia del Poder Judicial, en lugar de socavarla.
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