El Consejo Universitario de la UNAM se dispone a realizar reformas a su marco legal, con el fin de que la violencia de género sea causal de expulsión o despido de que cualquier integrante de la comunidad universitaria que incurra en este tipo de conductas; las disposiciones serán aplicables tanto a estudiantes como a personal docente.
La decisión se produce luego de las diferentes protestas por parte alumnas de diferentes escuelas y facultades de la UNAM, varias de las cuales se encuentran en paro de labores como medida de presión a las autoridades universitarias para que se atiendan sus demandas de poner fin a los episodios de acoso sexual y violencia de que se han sido objeto. De hecho, esta propuesta se encuentra en los distintos pliegos petitorios que se han entregado a la Rectoría.
De acuerdo con información del diario La Razón, se prevé que proyecto sea discutido y aprobado por el Consejo Universitario durante la sesión que tendrá lugar este miércoles en la sede de la Antigua Escuela de Medicina, en el Centro Histórico. El dictamen modifica la fracción VII al artículo 95 del Estatuto General de la UNAM, en el cual se hace referencia a las acciones sujetas de sanción “especialmente graves de responsabilidad”, por ejemplo, ingerir o vender bebidas alcohólicas o estupefacientes o acudir a la universidad en estado de ebriedad.
A la redacción original se le agregaría: “la comisión de cualquier acto de violencia, en particular de género, que vulnere los derechos humanos o la integridad de las personas que forman parte de la comunidad”.
Asimismo al artículo 98, donde se establecen sanciones, quedaría asentado que los miembros del personal académico que incurran en este tipo de actos, podrán recibir un extrañamiento escrito, una suspensión o hasta la destitución.
La reforma también incluye cambios a los medios de notificación para quienes sean sujetos de un proceso sancionador y la ampliación de uno a tres vocales permanentes en el Tribunal Universitario, con paridad de género.
De este modo, el Tribunal Universitario estaría conformado por un investigador o investigadora de mayor antigüedad en el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una profesora o profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y una profesora o profesor de la FES Aragón, designados por el Consejo Técnico correspondiente. Todos ellos deberán acreditar tener conocimientos en materia de derechos humanos y de género.
Cabe mencionar que desde la creación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, en agosto de 2016, la máxima casa de estudios atiende este tipo de denuncias, mismas que pasaron de 30 a 300, en promedio anual.
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