Envuelto en numerosos litigios internacionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó, hasta fines de 2022, 11 millones de pesos a despachos de abogados en Estados Unidos y Canadá. Al momento, el gobierno ha perdido dos casos que le han costado 63 millones de dólares.
Una investigación publicada este lunes por Emeequis indica que los despachos contratados por el gobierno federal atienden 15 litigios que enfrenta la Secretaría de Economía por demandas de arbitraje interpuestas por inversionistas extranjeros.
Señala la investigación que estos litigios se dirimen en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
Se contrató a los despachos Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, de Estados Unidos, y Tereposky & DeRose LLP, de Canadá.
Dice el reportaje que “hasta ahora, el balance no es muy positivo: dos casos perdidos que ya costaron 63 millones de dólares a las arcas mexicanas; dos ganados, un desistimiento, y 10 pendientes y en creciente complicación”.
Apunta que una “buena parte” de las demandas provienen de problemas generados en el gobierno anterior y otra parte, por decisiones tomadas en el presente gobierno.
Uno de los litigios se celebra contra Vulcan Materiales y otro contra Calica, empresas que reclaman cientos de millones de dólares de indemnización por afectaciones derivadas de un cambio de uso de suelo.
Las inconformidades con Calica viene desde el año 2009, pero fue hasta este sexenio que la empresa interpuso un litigio.
Dice el reportaje: “Como respuesta, López Obrador buscó ablandar al grupo minero. En 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) clausuró la planta Sac-Tun, de Calica, en Ciudad del Carmen”.
“El 31 de enero de 2022 emprendió un sistemático golpeteo en sus presentaciones diurnas. En esa fecha dijo, matizando la cifra que le reclamaban: ‘Como no se les amplió la concesión, estaban violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional y están pidiendo una indemnización de millones de pesos, o sea que todavía nosotros les tenemos que pagar’”.
Otro litigio surgió con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que canceló una concesión de taxímetros digitales a la empresa Espíritu Santo Holdings. Esta empresa demanda un pago de 2.8 millones dólares más intereses.
Sobre los casos que ya han costado 63 millones de dólares, el reportaje apunta:
“El (Caso N° ARB (AF)/15/2 en CIADI), es un litigio derivado de la denegación de la justicia por parte de México, en términos previstos por el arbitraje del TMEC, a Lion Mexico Consolidated L.P. , una multinacional franco-canadiense-estadounidense a quien se le canceló indebidamente una hipoteca practicada a un deudor particular, que amparaba un préstamo por 33 millones de dólares a terceros para un desarrollo inmobiliario en Bahía de Banderas. México perdió, y fue condenado a pagar 47 millones de dólares más costas de servicios legales de la demandante.
“PACC Offshore Services Holdings Ltd. (Caso N° UNCT/18/5 en CIADI), singapurense, en representación de sus filiales mexicanas: Servicios Marítimos GOSH Servicios Marítimos POSH, POSH Honesto, POSH Hermosa, Gosh Caballo Eclipse, y POSH Fleet Services México, presentó en 2018 controversia por la confiscación de seis buques que formaban parte de sus activos, y en reclamo por una serie de actos y omisiones adoptados por las autoridades mexicanas en relación con su inversión. Perdieron. México fue condenado al pago de 6.7 millones de dólares”.
El reportaje completo puede leerse AQUÍ
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