La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y las dependencias a su cargo hayan optado por descalificar su trabajo en lugar de entablar diálogo o cualquier búsqueda de entendimiento por la Recomendación 29/2019 emitida respecto a la cancelación de las estancias infantiles.
En conferencia de prensa, el titular del organismo autónomo, Luis Raúl González Pérez señaló que el rechazo del documento por parte del Presidente, las secretarías de Bienestar y Hacienda, así como a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Sistema DIF Nacional, revictimiza a los niños, padres y trabajadores de las estancias infantiles; además de que vulnera la verdad, la legalidad y el respeto a la institucionalidad democrática que debería imperar en nuestro país.
En ese sentido subrayó que desconocer la recomendación hecha por la CNDH es propio de regímenes autoritarios y cuestionó que se haga a pesar de que el gobierno de López Obrador se comprometió explícitamente a respetar la autonomía, funciones y a cumplir las recomendaciones de la CNDH.
“El reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos es un elemento esencial de un Estado democrático. Su desconocimiento, vulneración intencional o la simulación pactada sobre su observancia y respeto, son elementos propios de regímenes autoritarios en el que las personas y sus derechos no constituyen prioridades”, declaró.
El Ombudsperson nacional aseguró que, contrario a lo expresado por el gobierno federal, la recomendación no vulnera ni promueve la violación a los derechos humanos; por el contrario, tiene por objeto exigir el auténtico y efectivo respeto y vigencia de los mismos frente a actos arbitrarios e infundados de poder que los transgreden.
Es por ello que Gonzalez Pérez llamó al Ejecutivo federal y a las dependencias citadas a reconsiderar la aceptación; además expresó su disposición a trabajar de manera conjunta.
Recordó que la misión de la CNDH no significa atacar, desprestigiar o agraviar a los gobiernos, instituciones o persona alguna, sino lograr que los derechos humanos sean vigentes y que los actos de autoridad que los vulneran se pongan en evidencia, queden sin efecto y se atienda a las víctimas.
Y es que a manera de ejemplo, González Pérez mostró su preocupación por la respuesta que dio el DIF Nacional al señalar que la CNDH “se atribuye la potestad de afirmar que sólo mediante las medidas que ella determina se pueden satisfacer los intereses superiores de la infancia, siendo que dicho margen de apreciación es potestad exclusiva de quien encabeza la rectoría estatal, a saber, el poder Ejecutivo, por sí y a través de sus (sic) Administración Pública Centralizada y Paraestatal”. Frente a esto, el Ombudsman aclaró que la defensa y preservación del interés superior de la niñez es un principio y obligación constitucional y no una potestad discrecional de las autoridades, obligación además que le corresponde al ser un órgano del Estado mexicano constitucionalmente establecido para la defensa de los derechos humanos frente a la autoridad.
El presidente de la CNDH recordó que tiene la facultad de solicitar al Senado de la República que citen a las autoridades correspondientes para que expliquen el motivo de la negativa.
