Aun cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha exhibido sus supuestos logros en materia de desapariciones forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que la actual administración ha fallado en cumplir con las recomendaciones que le ha hecho al respecto y por ello, los números de desapariciones siguen siendo elevados.
“En 2020 continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica”, señala en su Informe Anual 2020.
Enfatiza además que el país incumplió la recomendación hecha para desmilitarizar las tareas de seguridad pública. De hecho, ha ocurrido al contrario y no se ha desarrollado un protocolo para investigar adecuadamente las desapariciones cometidas por elementos de las fuerzas de seguridad pública.
En el documento, el organismo que vigila el estado de los derechos humanos en el continente criticó el desempeño del gobierno actual durante el año 2020, al afirmar que no se tomaron las medidas adecuadas para proteger a diversos grupos vulnerables, destacadamente las mujeres, pero también migrantes, pueblos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTTTI.
Por ejemplo, manifiesta que (contrario a lo que afirma el actual gobierno), no existe una verdadera estrategia de combate a la violencia contra las mujeres, no hay políticas públicas para “reestructurar los estereotipos de género” y menos aún, para evitar los abusos sexuales que las fuerzas de seguridad cometen contra las mujeres.
La principal razón es la falta de acceso a la justicia. Y, de manera coincidente con lo señalado en el pasado informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que uno de los más graves problemas de México es el elevado grado de impunidad. La CIDH señaló que se trata de una “impunidad de carácter estructural”.
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos”.
Además de incumplir las recomendaciones sobre la desmilitarización, dice, también se incumplieron las hechas para combatir la tortura, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y para mejor el acceso a la justicia.
Sin embargo, en las conferencias mañaneras, periódicamente el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encina, informa de los “avances” realizados en materia de desapariciones forzadas. Particularmente, pone el énfasis en la recuperación de restos de personas desaparecidas en pasadas administraciones. Y afirma que este delito va a la baja en el actual gobierno, pero la CIDH es de un parecer opuesto.
Al respecto, el organismo criticó que el actual gobierno no ha elaborado un registro nacional sobre fosas clandestinas y restos no identificados. Tampoco hay un registro nacional de víctimas de tortura, por más que uno de los compromisos más fuertes que hizo esta administración fue saldar las deudas del Estado mexicano por faltas del pasado.
El Estado mexicano, agrega, ha fallado en “cerrar la brecha” entre lo que indican las leyes y lo que ocurre en la realidad.
“El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos, con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”.
