El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dio a conocer que juzgados en Chihuahua y Querétaro, concedieron amparos en favor de los administradores de estancias infantiles, así como de los padres de familia que las utilizan.
Lo anterior, indicó, implica que la Secretaría del Bienestar tiene la obligación legal de entregar los recursos correspondientes a enero y febrero, para garantizar la operación de dichos establecimientos y la prestación del servicio para los menores, además se establece la prohibición expresa de reducir el presupuesto destinado a este objetivo.
De acuerdo con el reporte de La Jornada, el legislador añadió que en los fallos judiciales se hace un apercibimiento a los funcionarios de todos los niveles, involucrados con este tema a que, de no acatarse los amparos, podrían hacerse acreedores a diversas sanciones como multas económicas e incluso inhabilitación y cárcel.
Apuntó que independientemente de las deficiencias que puedan tener las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños e Hijos de Madres Trabajadoras, las resoluciones privilegian los derechos de la niñez.
“Las resoluciones son muy claras al obligar a la Secretaría de Bienestar y sus delegaciones estatales de programas para el desarrollo a entregar el presupuesto correspondiente a enero y febrero, con base en los lineamientos de 2018 y rechazar las disposiciones establecidas para 2019. Se concedió el beneficio legal por dejar desamparados a los menores y velar por el bienestar de los niños como principales afectados”, expuso Romero Hicks.
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