Un día después de que Hernán Gómez Bruera diera a conocer la demanda que presentó en su contra la empresa editora de El Heraldo de México por daño moral, Article 19 expresó su preocupación debido a que puede convertirse en un caso de acoso judicial contra la libertad de expresión.
El pasado jueves Gómez Bruera, conductor de La Octava y articulista de El Universal, dio a conocer de la demanda que Operadora y Administradora de Información Editorial S.A de C.V., que publica El Heraldo de México (diario en el que colaboró durante dos años), levantó en su contra por daño moral, por lo cual exige 15 millones de pesos.
El comentarista consideró que se trata de un favor que le hace esa empresa a Julio Scherer Ibarra, quien fue titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y que ha sido blanco de numerosas críticas y denuncias que ha hecho en su trabajo periodístico.
Gómez Bruera también dio a conocer que la denuncia de la empresa mencionada está sustentada en dos tuits, una entrevista que concedió a Julio Hernández López y en una breve parte de su libro Traición en Palacio, en la que refiere vínculos de esa compañía con Scherer Ibarra.
Article 19 dijo estar en comunicación con Gómez Bruera para documentar la demanda presentada contra él, y expresó, tras una primera revisión, su preocupación de que “el hecho pueda constituirse como un caso de acoso judicial que busque limitar el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”.
La organización internacional también mencionó que desde 2016 ha habido “una tendencia creciente tanto por actores públicos como privados a abusar de las normativas civiles y penales en contra de periodistas. Tan sólo en 2023 se registraron 22 casos de acoso judicial en México”.
En un tuit, Gómez Bruera agradeció a Article 19 su monitoreo y su interés.
En su informe Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad?, publicado en los últimos días de febrero, Article 19 indicó que los 22 procesos judiciales iniciados contra periodistas fueron en los ámbitos administrativos, civiles, electorales e inclusive penales, el equivalente a que cada mes en promedio se inicien 1.8 procesos judiciales en contra de periodistas por las investigaciones que realizan.
