Una tormenta se desató en redes sociales el fin de semana pasado contra el Instituto Nacional Electoral y su consejero presidente, Lorenzo Córdova, luego de que el Consejo General decidiera, el viernes 19, impedir que los partidos puedan realizar una maniobra, que se ha repetido desde 2012, para hacerse de una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados mayor a la que permite la Constitución.
De manera evidentemente orquestada, desde cuentas afiliadas al lopezobradorismo se posicionó como tendencia el hashtag #INECorrupto, distribuyendo fotos de Córdova con personajes como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, quienes han sido criticados por el Ejecutivo en sus conferencias mañaneras. La reacción es una muestra de lo importante que es para el oficialismo repetir su mayoría en San Lázaro en los comicios del próximo 6 de junio. Y que estaba contando con la posibilidad de conseguirla de nuevo por medio de una laguna legal que el instituto decidió secar.
Aunque en los ataques contra el INE se quiso personalizar en su presidente la decisión de impedir que un partido pueda postular a candidatos de otros partidos —para luego poder rebasar el tope de 8% de sobrerrepresentación respecto a los votos obtenido en las urnas—, la realidad es que el acuerdo fue apoyado por nueve de los 11 consejeros, entre ellos tres de los cuatro que llegaron al organismo a propuesta de López Obrador. La maniobra para sacar la vuelta al límite de 8% establecido en el artículo 54 constitucional, desde 1996, fue utilizada por primera vez por el PRI, en mancuerna con el Partido Verde, en 2012 y de nuevo en 2015. Sin embargo, en aquellas ocasiones, la sobrerrepresentación fue de 8.2 y 9.7%, respectivamente, mientras que la de Morena en 2018 fue de 15.7 por ciento.
En la pasada elección, Morena sembró candidatos entre sus socios de la coalición Juntos Haremos Historia. Por ejemplo, Mario Delgado, coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados hasta octubre pasado, y Pablo Gómez, su vicecoordinador, fueron ambos postulados bajo las siglas del Partido del Trabajo y, luego, como una treintena de legisladores se pasaron a la bancada de Morena. Esa chicanada le permitió hacerse de 85 diputados plurinominales contra sólo tres del PT. Después de los comicios, cuando estaban por asignarse los legisladores de representación proporcional, el representante petista ante el INE, Pedro Vázquez, intentó anular parte del convenio de coalición con Morena y exigió que fueran reconocidos 40 plurinominales a su partido. Desde el año pasado, los consejeros electorales Ciro Murayama y Jaime Rivera expusieron, en declaraciones públicas y artículos en la prensa, la urgencia de terminar con esta práctica por la distorsión que provoca en la decisión de los votantes.
Después de varias semanas de negociaciones entre los consejeros, el viernes pasado se aprobó el acuerdo, apenas tres días antes de que se inicie el registro de los candidatos a diputados, lo cual, como digo arriba, provocó una gran molestia en el oficialismo, que tildó la decisión como “madruguete”. Ahora se impedirá que un partido pretenda tener menos diputados de mayoría relativa para poder obtener más de representación proporcional. Como resultado del nuevo criterio, el INE revisará la afiliación de los candidatos. El triunfo en el distrito electoral se pondrá en la cuenta del partido del que sea militante el candidato ganador. Además, en el caso de legisladores que se reelijan, se tomará en cuenta la bancada a la que pertenecen.
El acuerdo no impedirá por completo que un partido se haga de la mayoría en la Cámara, pero hará que se aplique de manera estricta lo previsto en la Constitución. Es decir, para que una bancada pueda tener la mitad más uno de los diputados, será necesario que el partido obtenga al menos 42.1% de los votos para que, con el 8% de tope de sobrerrepresentación, lo logre. Por supuesto, el INE nada puede hacer ante otra práctica abusiva: la del chapulineo entre bancadas una vez constituida la Legislatura. Sólo puede intervenir en el aspecto electoral.
Atacar al INE por cerrar la puerta al abuso demuestra el nulo espíritu democrático de quien lo hace. El que se haya permitido la maniobra en 2012, 2015 y 2018 no significa que deba continuar.
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