La prohibición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la venta de productos chatarra en todas las escuelas de educación básica, media y superior es legítima, porque se basa en la obligación constitucional del Estado mexicano de proteger la salud de los estudiantes, prevenir y disminuir el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso, los cuales constituyen problemas graves de salud en el país.
Este argumento se desprende del proyecto de dictamen elaborado por el ministro Fernando Franco, que será discutido este día por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se niega un amparo solicitado por la Compañía Embotelladora Del Fuerte S.A. de C.V., en contra del acuerdo mediante el cual se imponen los lineamientos generales para la distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.
La empresa interpuso un amparo en el que alegó que las autoridades sanitarias limitan su derecho de comercio, así como la libertad de los consumidores a decidir libremente sobre los productos que desean adquirir. Asimismo sostuvo que lo procedente es implantar medidas adecuadas para combatir el sobrepeso y la obesidad y no así la prohibición absoluta a la venta de determinados artículos.
Por su parte, la SEP impugnó el recurso de la embotelladora y estableció que la obesidad y el sobrepeso constituyen el principal problema de salud pública en México, lo que ha incrementado el uso de recursos públicos para su prevención, atención y combate -7% del presupuesto de salud pública-, y que incluso ya ha rebasado la capacidad de respuesta por parte del Estado.
Otro hecho notorio, indica la dependencia en sus alegatos, es que México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, los cuales son la principal fuente de calorías entre la población.
Además, advierte que conceder el amparo a la empresa quejosa obstaculizaría al Estado cumplir con su deber de garantizar el derecho a la alimentación de calidad y nutritiva, y redundaría con efectos negativos en perjuicio de la salud de la población.
(Con información de La Jornada)
