La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó este viernes la implementación del mecanismo de seguimiento especial sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dicho mecanismo fue presentado este mismo día por representantes del gobierno federal ante la CIDH y tiene como objetivo prioritario darle seguimiento a la aplicación de las medidas cautelares sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El acuerdo consiste en que dos asesores técnicos especiales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisíón podrán venir a nuestro país en al menos cuatro ocasiones (la última previa solicitud al Estado para ver si se renueva el mecanismo) para realizar labores de recopilación y documentación del caso Iguala. Las visitas podrán realizarse con la frecuencia y duración que los asesores consideren necesaria.
Quienes conformarán este equipo serán el relator de la CIDH en México y otro de designado por la Comisión y tendrán acceso a toda las bases de datos que la ley permita al margen del artículo 1 constitucional.
En el dictamen se reitera que entre las medidas cautelares se pide al gobierno mexicano que “redoble esfuerzos para implementar todas las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de los jóvenes”.
“(La CIDH) toma nota que los informes del GIEI sugieren que no se estaría tomando en consideración la implementación de todas las medidas relacionadas con la investigación de un posible quinto autobús y su implicación con el presento asunto”.
Asimismo, señalan que “tampoco se habrían tomado las declaraciones testimoniales pendientes, entre las que se encuentran las entrevistas con los integrantes del 27 Batallón del Ejército; existirían supuestos obstáculos relacionados con alegados casos de torturas y aquellos relacionados con presunta obstrucción de la justicia”.
Por su parte, los padres de los 43 estudiantes consideraron que la decisión de la CIDH “es una innegable confirmación de que la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa están aún pendientes”.
“Las características del mecanismo de seguimiento que la CIDH ha decidido pueden hacer que éste sea una importante garantía para el esclarecimiento pleno del paradero de los estudiantes desaparecidos”, expusieron los familiares en un comunicado del Centro Miguel Agustín Pro Jurárez Tlachinollan.
“Sobre todo considerando que a lo largo del proceso se ha verificado que, dada la complejidad del caso, sólo la supervisión internacional podrá asegurar que se indague a fondo y se revierta el sesgo que introdujo en la investigación”.
mahy
