La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó a los representantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) para el próximo 12 de noviembre para tratar el asunto de la reforma judicial en México.
En un documento fechado el pasado 30 de septiembre, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, dio respuesta a las solicitudes de Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Jufed; de Rosa Elena Alonzo Méndez, presidenta del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, y de Víctor Manuel Rodríguez Rescia, presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, sobre sus solicitudes de audiencia para revisar el caso mexicano.
La audiencia se realizará el 12 de noviembre en la sede de la CIDH, en Washington, Estados Unidos, en una sesión que se realizará de manera presencial. Quienes acudirán como expositores deberán presentar por adelantado un documento en el que resuman los principales punto de su exposición y otros materiales que consideren necesarios para ella.
Desde agosto la Jufed acudió a la CIDH para solicitar la protección de sus derechos humanos que significa la reforma al Poder Judicial de la Federación, entonces todavía iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, que posteriormente fue aprobada a nivel constitucional por el Congreso de la Unión y legislaturas estatales.
En la solicitud de la Jufed se lee que “Nos mueve el cumplimiento de nuestro deber como Poder Judicial de defender los derechos humanos y la democracia que los hace posibles y por ello comparecemos ante la CIDH para pedirle que active, hasta el máximo de sus posibilidades, las muy diversas competencias y atribuciones que los propios Estados miembros de la OEA le han asignado, para evitar que en México se consume la grave ruptura del orden democrático”.
El 22 de agosto, en una reunión virtual con funcionarios de la CIDH para exponerles los avances de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal, el rechazo que había a la negociación por parte de legisladores oficialistas y el aumento de la hostilidad en contra de los miembros de la judicatura.
Por su parte, el 12 de septiembre la CIDH expresó su preocupación por diversos aspectos de la reforma judicial, tanto en su proceso legislativo como de contenido, y llamó a que fuera realizada de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los estándares interamericanos de independencia judicial y acceso a la justicia.
