Continúa la lanzada del gobierno contra el Poder Judicial: ahora la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal afirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convertirá en “simple oficina de verificación procedimental” si aprueba el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek para invalidar el Plan B de reforma electoral.
Una noche antes de que el Pleno de la SCJN entre en la discusión de la segunda parte del Plan B con el proyecto de Laynez Potisek, que considera que, debido a graves violaciones al procedimiento legislativo, debe ser declarada inválida, la consejería presidencial se lanza a descalificarlo.
En un comunicado con el característico agresivo tono presidencial, la consejería acusa que si el máximo tribunal aprueba el proyecto de Laynez Potisek “se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas”.
La oficina jurídica presidencial acusa que el ministro no entró en el estudio de fondo del Plan B electoral y también que hasta añadió un elemento que no fue mencionado por “la oposición” para invalidarlo, por lo cual se vulneraría el principio de imparcialidad del órgano jurisdiccional.
La consejería arguye que Laynez Potisek cambió su criterio sobre la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión la fundamentación para la dispensa del trámite ordinario, respecto a lo que expuso el 8 de mayo en una sesión de la SCJN.
También denuncia que Laynez Potisek atribuye “confusión” a los diputados de las minorías sobre la propuesta que se discutía, lo que la oficina presidencial más bien acusa que fue falta de atención de los legisladores opositores a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva, lo que considera no debe llevar a la invalidez de la reforma electoral.
Finalmente, también dice que Laynez Potisek convierte en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo la decisión de las bancadas opositoras de no participar en el proceso deliberativo.
Muy pronto generó comentarios el comunicado de la Consejería Jurídica: el constitucionalista Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, tuiteó: “Ya no sorprenden estos comunicados que, lejos de ser conscientes de que vivimos en un Estado Constitucional y de Derecho, quieren que prevalezca lo que la ‘4T’ considera que debe de ser, empezando porque la SCJN esté supeditada al Poder Ejecutivo y que el Legislativo, haga lo que quiera”.
Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desmintió a la oficina presidencial: “Más que Consejería Jurídica, @lopezobrador_ tiene una Vocería de la Mentira. Es falso que el ministro #Laynez haya cambiado de criterio. Todo lo contrario: su proyecto es consistente con los precedentes de la @SCJN. Aunque les duela, la Constitución es la Constitución”.
