Mediante un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dio a conocer que el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya “hasta el momento no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia”. Sin embargo, hace unos días, a nombre del gobierno Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), había dicho que se ha cumplido con lo establecido en la legislación internacional en materia de derechos indígenas.
Entre los puntos negativos están que la convocatoria y el protocolo de la consulta podrían “dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta”, que la información ofrecida sólo hacía referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a sus impactos negativos, lo que también era dificultado por la ausencia de estudios.
La ONU-DH también pudo observar que por la forma en que les fue expuesto el proyecto, los participantes en el proceso expresaban su conformidad con él como una forma de poder acceder a servicios básicos como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lo que “afecta el carácter libre de la consulta”.
Otro señalamiento del organismo internacional es la metodología: la definición de quién podía participar, dónde hacer y cuando no fue acordada con las comunidades.
El documento de la ONU-DH también resalta la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, por lo que recomienda multiplicar los esfuerzos para asegurar una mayor representación de ellas.
También critica que si bien se habló de comités de seguimientos, “no hubo claridad sobre los acuerdos alcanzados, quiénes participarían en los mencionados comités, ni cómo operarían”.
Para aclarar lo que establecen los estándares internacionales de derechos humanos, el organismo internacional aclara que “la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado”.
La ONU-DH estuvo presente en cuatro de las 15 asambleas regionales de los días 29 y 30 de noviembre, y en 8 de las 15 reuniones realizadas los días 14 y 15 de diciembre. A ellas acudió como bservadora por invitación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Fondo Nacional del Fomento al Turismo y de la Subsecretaría de Desarrollo Demoocrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
En el documento la ONU-DH también reconoce los esfuerzos del gobierno de México por garantizar los derechos de los pueblos indígenas, así como la participación de varias entidades gubernamentales en la materia.
Y también celebra que “los diálogos con las comunidades indígenas de la región en relación con el proyecto hayan iniciado antes de su definición y ejecución, lo cual contribuye al cumplimiento de dicho principio”.
Pone énfasis en el compromiso de realizar consultas adicionales sobre las afectaciones que podría provocar el proyecto, lo que será cuando se cuento con los estudios correspondientes, en los que la ONU-DH pide sean incorporadas la información y participación de los indígenas, además de un enfoque de derechos humanos.
Asimismo, el documento resalta la oportunidad del gobierno para atender las necesidades básicas de las comunidades, independientemente del Tren Maya.
Apenas el pasado lunes, durante la entrega de los resultados de las consultas a las comunidades indígenas sobre el Tren Maya, Adelfo Regino habís dicho que “el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido con lo que se establece en la legislación internacional en materia de derechos indígenas y con el anhelado propósito de gobernar obedeciendo a la ciudadanía, a todo el pueblo, a nuestro querido México”.
