Los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum asignaron contratos por mil millones de pesos a una empresa que pasó de ser un salón de belleza a proveedora de medicamentos oncológicos.
El proveedor, que en 2012 tenía como razón social “Creadora Salón Boutique S.A de C.V,” para enero de 2017, cambio a Wala Servicios México S.A. de C.V.” antes de empezar a recibir los contratos para vender medicinas y también uniformes a la Guardia Nacional.
De acuerdo con un reportaje de Latinus, el dueño de dicha firma es Sebastián Felipe Rodríguez Robles, quien se desempeñó como Tesorero en el Gobierno de Chiapas en la administración de Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, aliado de Morena.
La notaría que registró la empresa es propiedad de Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca y actual senador por Morena, mientras que uno de los socios es Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y a quien el gobierno federal acusa de ser uno de los principales factureros del país.
Pese a los contratos millonarios que ha recibido, las instalaciones de Wala Servicios México S.A. de C.V., ubicadas en la colonia Del Valle de la Ciudad de Mexico, solo constan de una recepción con una empleada, una sala de juntas y un espacio para exhibición de uniformes. Su administradora única es una joven de 25 años con domicilio en la alcaldía Tláhuac.
En menos de dos años, la firma ha acumulado 62 contratos para abastecer medicamentos, que van desde analgésicos como el Paracetamol hasta fármacos oncológicos y también mochilas jumbo y uniformes para la Guardia Nacional y la FGR. Los documentos están disponibles en la plataforma Compras MX.
La paraestatal Birmex, responsable de distribuir insumos médicos a los hospitales del sector salud, asignó contratos por 62 millones 643 mil pesos en los dos últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero en la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum se dispararon hasta alcanzar un monto de 678 millones de pesos; en total en los dos gobiernos de la 4T acumuló 741 millones de pesos en contratos para el abasto de productos de salud.
Pero por otra parte, en octubre de 2024 la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó un contrato por 106 millones de pesos para la adquisición de uniformes y prendas para sus policías y en septiembre del presente año la empresa ganó una licitación pública de la Guardia Nacional para comprar 61 mil mochilas jumbo y 73 mil bolsas de viaje para sus agentes por un costo de 281 millones 500 mil pesos en un concurso donde las ofertas de otras empresas fueran rechazadas por detalles como que el color del ojillo de las mochilas no era del color solicitado.
Para la constitución de esta empresa, Sebastián Felipe Rodríguez Robles, abogado de profesión, se asoció con Mariana Beatriz Díaz González, una diseñadora de modas. El objeto social inicial era la venta de ropa, así como productos y servicios de belleza y luego de su cambio de nombre, en 2023, justo un año antes de empezar a recibir los millonarios contratos, modificó su objeto social a la compra, venta, importación y exportación de productos farmacéuticos e insumos médicos.
De esta forma, de ofrecer prendas de diseñador y servicios como cortes de cabello y manicure, ahora vende al gobierno productos como Mercaptopurina, un medicamento para combatir la leucemia, entre una veintena de medicamentos.
Si toda esta ingeniería resulta sospechosa, los nombres que están de esta firma, la hacen aún más controversial: cuando Sebastián Felipe Rodríguez Robles fungía como Tesorero de Chiapas, tenía como superior jerárquico a Humberto Pedrero, quien ocupa un puesto directivo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); su socio actual Víctor Álvarez Puga es prófugo de la justicia que, como ya se expuso, enfrenta cargos por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
Ambos personajes aparecen en las actas constitutivas de VMAP Investment Group y VMAP Investments, creadas en un mismo día en 2013 en la Notaría 125 del Estado de México, de la que es dueño el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
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