La presidencia de la Coparmex en Tijuana informó que interpondrá un amparo en contra de la anunciada “consulta ciudadana” que el Congreso local quiere organizar para someter a consulta la llamada “Ley Bonilla”.
En conferencia de prensa, el presidente del organismo en dicha ciudad, Roberto Rosas Jiménez, dijo que esta misma semana presentarán la impugnación para evitar que el Congreso realice tal consulta, propuesta por Morena.
A su vez, el vicepresidente de Coparmex en Tijuana, Ignacio Ochoa Aldredge, dijo que una consulta así es ilegal, ya que no está permitida por la ley electoral y menos aún si es el Congreso quien pretende realizarla.
“Los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no tengamos prohibido, y las autoridades solo pueden hacer aquello que les está permitido. El Congreso no tiene ninguna facultad para hacer consultas ciudadanas que estén fuera de la ley. Nos oponemos porque es un acto claramente ilegal y lo peor de todo es que pretenden darle al resultado de esta consulta un carácter de obligatoriedad” que el Congreso debe acatar.
La “Ley Bonilla” es como se conoce a la reforma constitucional que permite que el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, se amplíe de dos a cinco años de duración. De acuerdo con la Constitución de Baja California, la duración del mandato del gobernador estatal es de dos años, pero la pasada legislatura, dominada por Morena, presentó y aprobó una iniciativa de reforma.
Con ello, Jaime Bonilla, militante de Morena y cercano amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, podrá gobernar durante cinco años, a diferencia de su antecesor, Jaime Veloz, cuyo periodo durará los dos años que marca la ley.
Luego de múltiples protestas, los legisladores de la pasada legislatura revisaron la propuesta y la ratificaron, a pocos días de terminar su periodo. Posteriormente, la nueva legislatura, también dominada por Morena, anunció que, para conocer el parecer de la sociedad bajacaliforniana, realizarían una “consulta ciudadana”.
Todos los sectores que se han opuesto a la Ley Bonilla han señalado que se trata de una manipulación política organizada por Morena para permitir que Jaime Bonilla, poderoso empresario regional, pueda gobernar más tiempo bajo el argumento de que organizar nuevas elecciones tras solamente dos años es un “derroche” que no debe darse bajo la lógica de las “austeridad”, además de que es tiempo insuficiente para cumplir programas de gobierno.
Incluso, han surgido acusaciones en el sentido de que los diputados que votaron a favor de la Ley Bonilla recibieron cientos de miles de dólares como soborno por parte de Jaime Bonilla. Entre estos diputados se encuentran seis que pertenecían al PAN, pero que fueron expulsados por haber apoyado la iniciativa.
