El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que empleados públicos conocidos como Servidores de la Nación, violaron la legislación electoral al llevar a cabo una promoción indebida de la imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en su resolución el órgano electoral deslindó al titular del Ejecutivo Federal de estos hechos por considerar que él no dio su autorización para el uso de su imagen ni participó directamente en los actos denunciados, reporta Reforma.
De igual manera, los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal tampoco atribuyeron responsabilidad alguna a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, ni al coordinador de los Programas de Desarrollo del gobierno federal, Gabriel García, quienes son los funcionarios que coordinan el trabajo de los servidores públicos encargados de levantar los padrones de beneficiarios de los diferentes programas sociales que entrega el gobierno.
Desde su perspectiva, los responsables de la promoción indebida en que incurrieron los llamados “Servidores de la Nación”, fueron 36 empleados que trabajan en las delegaciones estatales.
“Se determinó que 36 servidores y servidoras públicas en delegaciones, subdelegaciones regionales y Servidores de la Nación realizaron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales, que además se difundieron en diversas redes sociales de estas personas del servicio público y en notas periodísticas”, indicó el TEPJF en su resolución.
Asimismo, destacó que en la propaganda objeto de la denuncia en contra de los “Servidores de la Nación” se detectó la utilización de imágenes de menores sin que se acreditara plenamente el consentimiento de sus padres o tutores, lo cual vulnera los derechos de los menores. Ante ello, enviará su sentencia al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal, así como a la titular de dicha Secretaría, a fin de que tomen las medidas correspondientes.
Cabe recordar que esta resolución se dio en respuesta a una denuncia interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada y presunto uso indebido de recursos públicos.
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