La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación en contra de funcionarios públicos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, por desnudar y tocar a dos mujeres policías de dicha localidad.
En un comunicado de prensa, la dependencia local señaló que el pasado 16 de abril abrió el expediente DDHPO/943/(01)OAX/2016 por presunto abuso de autoridad en contra del regidor de Hacienda, Jorge Alberto Gamiño García; el director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Pedro Francisco Cruz, y la policía primera encargada de la vialidad, Flor de María Peralta.
Según la narrativa de las denunciantes, la madrugada del 16 de abril realizaban un operativo de alcoholímetro en Santa Lucía del Camino cuando un Atos se aproximó. Al percatarse de que el conductor tenía aliento alcohólico intentaron realizarle la prueba correspondiente.
El chofer se negó de manera agresiva a realizar la prueba y afirmó que el copiloto era Gamiño García, por lo que tenían que dejarlos pasar. Ante la negativa de las gendarmes, el conductor les ofreció dinero.
Regidor de Hacienda de Santa Lucía del Camino, Jorge Alberto Gamiño García
Una de las policías convenció a su compañera de dejarlos pasar sin mostrar sus documentos, ya que se trataba de alguien “influyente”.
El regidor de Hacienda acudió a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Municipal a “quejarse” por lo sucedido. Horas después, una patrulla recogió a las policías y las llevaron a las oficinas del Ayuntamiento de Santa Lucía donde fueron desnudadas, tocadas y obligadas a hacer ejercicio.
Incluso, el comandante Pedro Francisco Cruz las amenazó con “manchar sus documentos” si no le entregaban el dinero que supuestamente le habrían “quitado” a Gamiño García.
Al respecto, la Defensoría solicitó al presidente municipal, Carlos Girón Navarrete, “instruir a los servidores públicos involucrados en los hechos para que en un plazo de cinco días hábiles emitan un informe detallado” con el fin de darle seguimiento al caso.
Asimismo, solicitó que no se le impida el acceso a su lugar de trabajo a las policías afectadas “ya que de lo contrario los funcionarios municipales podrían incurrir en responsabilidad administrativa o incluso penal, según lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Oaxaca”.
Hasta el momento, las autoridades no han dado ningún pronunciamiento al respecto.
mahy
