De los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2019, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó este sábado a la Cámara de Diputados, se desprende que están pendientes por aclarar o reintegrar un total de 98 mil 974.6 millones de pesos, de los cuales el 44%, equivalentes a 43 mil 859.8 millones de pesos, son considerados como un daño patrimonial cometido en 182 instituciones.
El informe, consultado por Milenio, indica que los otros 55 mil 114.8 millones de pesos, todavía están en condiciones de ser aclarados por 74 entes públicos.
El mayor porcentaje del monto que está considerado como un posible daño patrimonial, se encontró en los gobiernos estatales y municipales, donde el desfalco se estima en 6 mil 144 millones de pesos; en segundo lugar se encuentran universidades públicas que reciben recursos federales, con un total de 2 mil 710.8 millones de pesos.
El sector Cultura, presenta un posible daño patrimonial por mil 719.4 millones de pesos; el sector Agricultura, mil 662 millones; en el rubro Bienestar, mil 179 millones de pesos y en las empresas productivas del Estado, mil 147.4 millones de pesos.
Por otra parte, en el informe de la ASF también se asienta que la cancelación del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) tuvo un costo de 331 mil 996 millones 517 mil pesos, esto es 232% más de los 100 mil millones que el gobierno federal estimó para este proceso.
Según el reporte de Reforma, en el documento se detallan los aspectos que no se tomaron en cuenta en los cálculos iniciales, como las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados.
En su reporte, la ASF indicó que el proceso de cancelación del proyecto aeroportuario tuvo un costo inicial de 163 millones 540 millones de pesos; este monto incluye los 84 mil 915 millones de pesos por la liquidación de la Fibra E y la recompra de bonos en su momento se emitieron, por 6 mil millones de dólares, para recaudar recursos para la construcción de la obra.
Pero hubo que agregar 168 mil 455 millones de pesos por costos adicionales por los bonos todavía en circulación y los intereses que generarían si no se hace una recompra.
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