Por estar presuntamente relacionadas con los asesinatos del periodista Pablo Morrugares Paraguirre y su escolta, fueron detenidas ochos personas en Iguala, Guerrero, según información de Reforma.
Ese diario publicó que fuentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero dieron a conocer que los detenidos fueron capturados en una casa de seguridad de Iguala. Allí tenían un automóvil que habrían utilizado para perpetrar el crimen y del que pretendían deshacerse para eliminar esa evidencia.
En la madrugada del pasado domingo Morrugares Paraguirre y su acompañante fueron victimados por un grupo de hombres que irrumpieron en un bar de Iguala donde se encontraban, tras lo cual lograron huir.
El periodista director de P.M Noticias de Iguala contaba con vigilancia por haber sido incluido en el Mecanismo de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y por ello era escoltado por un policía estatal. Esto se debió a que, junto con su esposa, sufrió un atentado en 2016, además de amenazas de muerte.
El homicidio del periodista fue condenado el martes pasado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que llamó a las autoridades “a investigar de forma exhaustiva y de conformidad con los estándares internacionales de debida diligencia el asesinato del señor Morrugares Parraguirre y de su escolta, de forma que este crimen no permanezca en la impunidad”.
También enfatizó en que se deberían tomar en cuenta todas las líneas de investigación, lo que incluye a la relacionada con el trabajo periodístico de Morrugares Paraguirre.
La Oficina también expresó sobre Guerrero que, “además de la adopción de medidas de protección para las personas periodistas de la región, sería necesario concertar acciones interinstitucionales de prevención que permitan abordar las causas estructurales del riesgo y generar un clima propicio y seguro para el ejercicio periodístico”.
El pasado jueves la Delegación de la Unión Europea (UE) en México también condenó el crimen, a la vez que expresó su preocupación “por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México”.
La UE solicitó una investigación expedita y transparente para dar con los responsables, además de que instó “a las autoridades mexicanas competentes hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de todas las personas que ejercen labores periodísticas en México”.
