El Congreso de Veracruz decidió este jueves posponer la designación del nuevo fiscal Anticorrupción, Francisco Portilla Bonilla, mismo que fue propuesto por el gobernador, Javier Duarte, a meses de que termine su mandato.
La presidenta de la Comisión de Justicia, la priísta Marcela Aguilera Landeta, quien propuso sacar el tema del debate parlamentario, afirmó que la decisión se tomó por su “preocupación por la paz pública”, debido a la polémica de la decisión.
El coordinador de los diputados del PAN, Juan Rementería del Puerto, aseguró que la decisión fue porque el PRI se vio presionado y sabía que no alcanzaría los 34 votos necesarios para aprobar a Portilla Bonilla, quien ha trabajo para el gobierno de Duarte.
“Todavía hay peligro de que lo nombre porque supongo que hicieron su cálculo y no les daba la votación y seguramente van a querer sacarlos negociando, presionando para lograr los 34 votos del congreso”, dijo en entrevista para Animal Político.
“Hay diputados del PRI que no están de acuerdo con aprobarlo porque saben que es una barbaridad y algunos están sometidos a muchísima presión”.
A pesar de desechar la designación del fiscal anticorrupción (acción catalogada como blindaje político por parte del mandatario estatal), el Poder Legislativo veracruzano aprobó la creación de la Sala Anticorrupción del Poder Judicial.
Con 29 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones los diputados estatales aprobaron la propuesta, por lo que el mandatario estatal tiene 30 días naturales para presentar una solo terna de tres magistrados, la cual tiene que ser aprobada por la Cámara.
Diversos críticos de la administración de Duarte, así como grupos opositores, consideran que la asignación de Portilla Bonilla es parte de una estrategia del saliente gobernador para evadir las diferentes acusaciones en su contra por desvío de recursos, mismas que incluso investiga la Procuraduría General de la República.
mahy
